El anuncio del presidente Sánchez de convocar elecciones el 29 de noviembre se produce en un momento de enorme confusión política y en sí mismo contribuye a incrementar la tensión sin introducir elementos de claridad democrática, salvo la llamada a las urnas.

La convocatoria no cumple las exigencias constitucionales que imponen que la disolución surja de una previa deliberación del Consejo de Ministros. El artículo 115.1 CE, dispone que la voluntad del presidente se construye tras escuchar la opinión del Gobierno y no al revés, una vez que el jefe del ejecutivo oficializa su decisión.

Se trata de un incumplimiento constitucional que han arrastrado los sucesivos presidentes, que adquiere ahora relevancia especial porque se produce en un contexto de maltrato generalizado de las normas que son violentadas en sus formas y negadas en sus fondos.

Si la consulta al Gobierno requerida por la Constitución expresa la preocupación por consensuar en un régimen que procura extender el acuerdo al máximo, la convocatoria de hoy se encuentra forzada por el aislamiento y debilidad democrática de un presidente que nunca contó con mayoría suficiente para ejercer su mandato.

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