Malos tiempos para quienes creemos en el funcionamiento del Estado de derecho sobre normas preestablecidas. Viejo dogma civil. Se llama "imperio de la ley" y lo aprendimos de Roma. Jugar sin reglas es un camino seguro hacia la arbitrariedad, por lo bajo. A la tiranía, por lo alto.

Lo cual sea dicho por el desprecio al principio de separación de poderes por parte del Gobierno y parte de la clase periodística al predeterminar que la Justicia acabará tumbando el procesamiento de Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida.

¿Cómo encajar en una secuencia razonada las presiones del Gobierno a la cúpula del Poder Judicial, de las que hemos dado cumplida cuenta informativa en El Confidencial, para impedir que la esposa de Pedro Sánchez acabe en el banquillo?

Habría que comenzar recordando que el auto del juez Peinado, una vez concluida la instrucción del caso, puede ser revocado total o parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que las partes presentarán sus alegaciones a lo largo de esta semana. Así funciona el Poder Judicial y el juego de recursos ante instancias de mejor criterio

Sin embargo, el Poder Ejecutivo habla de "guerra sucia del Poder Judicial" y eleva a definitivas sus conclusiones. Desde China, el presidente pide que "la Justicia haga justicia", en el bien entendido de que eso equivale a reconocer la inocencia de su esposa. Por su parte, el ministro del ramo, Félix Bolaños, se erige en portavoz de una ciudadanía "avergonzada" del juez Peinado y anuncia con temeraria seguridad que el auto de procesamiento va a tener una vida muy corta.

Moncloa y sus coros se burlan de la independencia judicial y se dedican a pregonar que "hay jueces incompetentes que actúan protegidos por la ley" (sic), que tras el llamado "caso Begoña" no hay nada, que el juez está politizado, que no sabe instruir, que quiere un minuto de gloria antes de jubilarse y que funciona por ojeriza a Sánchez.

Un capítulo más del culebrón: doble contra sencillo que alguien va a relacionar el poder de Ayuso en la Comunidad de Madrid con la posibilidad de que Begoña Gómez se siente en el banquillo ante un jurado popular en este territorio. Extiendo la apuesta porque me temo que, si hasta ahora se reprobaba al juez por supuesta animadversión a los Sánchez, si llega el caso, se cuestionará a los componentes del jurado por la misma razón.

Es verdad que la Audiencia Provincial ya frenó en enero al juez en su propósito de transformar la causa en un proceso con jurado popular por "falta de fundamentación", sin perjuicio de un posterior "esfuerzo argumentativo" que finalmente sea aceptable por la Audiencia Provincial cuando resuelva los recursos que, con toda seguridad, las partes van a presentar en los próximos días al auto de procesamiento dictado por Peinado contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos.

Quiero pensar que los temerarios discursos de la Moncloa y su entorno no se están trabajando una propuesta encubierta de barra libre para Begoña en el amontonamiento retribuido de lo público con lo privado, en nombre del llamado "tercer sector". Pero da la impresión de que todo vale si se trata de la esposa del jefe, incluida la falta de respeto a la independencia del juez sometido al principio de legalidad.

Nepotismo es la palabra. Se manifiesta entre quienes no acaban de entender que los jueces, en el ejercicio de su función, han hecho su trabajo al detectar conductas perfectamente descritas en el Código Penal entre personas del primer círculo familiar o político del todavía presidente del Gobierno.

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