En entrevista con El Comercio, Hernández defendió la actuación del TC en casos que han involucrado a figuras políticas, desde Vladimir Cerrón hasta la propia presidenta Keiko Fujimori. Además, es un convencido de que el TC no se está convirtiendo en una cuarta instancia. También aborda la ‘judicialización de la política’ y las leyes de iniciativa de gasto aprobadas por el anterior Congreso, entre otros. Pero, sobre todo, advierte que la exención de responsabilidad penal vinculada al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) constituye una deuda pendiente. Se trata de un instrumento que, pese a su carácter temporal, ahora se pretende seguir perpetuando.

— Usted fue elegido presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el período 2026-2028 por cuatro votos contra tres. ¿Cómo interpreta este resultado? ¿Esto no significa que existe una división dentro del TC?

En primer lugar, hay que entender que toda elección siempre lleva posturas que no siempre son unánimes. Lo segundo, que en anteriores elecciones —2022 y 2024—, hubo un solo candidato. En esta oportunidad, ha habido dos. Y eso lo único que demuestra es que en el tribunal hay una vocación democrática, donde los propios magistrados, sin perjuicio de sus posiciones jurisdiccionales, plantearon dos alternativas para el manejo administrativo del tribunal. Y como toda elección, que genera posicionamientos, cuando pasa esta elección, la vida institucional continúa sin ningún tipo de problema.

— La magistrada Luz Pacheco dio un paso al costado de la presidencia del TC y renunció antes de terminar su mandato. Ahora ocupa la vicepresidencia. ¿Cómo entender este cambio?

La verdad, no creo que haya habido un cambio. Es normal que los órganos colegiados, conformados por personas con diversas visiones, perspectivas, pareceres y opiniones, puedan tener —y, en algún momento, creo que es hasta necesario— discrepancias respecto a los temas que involucran a la institución. Lo que sucedió con la presidenta Pacheco fue que, en su oportunidad, hubo una discrepancia entre los magistrados del pleno y algunas decisiones que ella tomó, y eso simplemente se solucionó. Ella consideró dar un paso al costado, pero la vida institucional continuó, porque creo que eso hace un funcionario en este nivel. No puede jamás quedarse en la personalización, ni en la individualización, ni en la subjetividad.

— ¿La ciudadanía debe entender la elección de la magistrada Pacheco, ahora como vicepresidenta del TC, como que ya se han limado asperezas dentro del propio tribunal?

Creo que, sin necesidad de la elección, eso ya estaba superado. Usted recordará que, una vez que pasó ese incidente, el tribunal ha continuado con su desenvolvimiento institucional normal. Las conversaciones individuales fueron un poco llegando a la conclusión de que tal vez lo que se trata es de ver las cosas con una perspectiva distinta. Pero la elección lo único que ha reflejado es que la presidenta Pacheco tiene una vocación institucional muy marcada; y eso es un poco lo que creo que motiva el que me acompañe en esta decisión de manejar el tribunal en estos dos años.

“Es difícil que un juez tenga autoridad si no hay una coherencia personal en sus decisiones”.

“Es difícil que un juez tenga autoridad si no hay una coherencia personal en sus decisiones”.

— ¿Cuáles son sus principales objetivos para el período 2026-2028?

Lo primero, es lo que más inquieta a la ciudadanía: el tema de la carga procesal y la posibilidad de que los casos sean resueltos de la manera más célere posible. El tribunal tiene una particularidad. Lo cierto es que al tribunal llegan los casos después de transitar por el Poder Judicial, y eso a veces hace que la ciudadanía tenga la sensación de que el tribunal se demora. Y eso no es tan cierto, porque a veces el discurrir por la administración de justicia ordinaria genera pues plazos a veces un poco largos. Pero, sin perjuicio de eso, es una falencia en general de todo el sistema de administración de justicia la demora en la tramitación de expedientes, y eso es algo que tenemos que enfrentar con decisión. Lo estamos haciendo. Estamos reforzando toda la parte de nuestros procedimientos internos, desde la recepción de los expedientes y la coordinación con las instancias judiciales que nos envían los expedientes. Estamos en un serio propósito de lograr la interoperabilidad para que los expedientes no tengan que venir en físico, sino de manera virtual, con lo cual se ahorra muchísimo tiempo. [También estamos en] el trabajo interno de las comisiones, estamos en una repotenciación del trabajo de asesores para que las ponencias puedan salir lo más pronto posible, siempre con la calidad que los estándares del tribunal ameritan, y también en la dinámica interna de deliberación y decisión. Por lo demás, también es importante el tema presupuestario.

— Tras su elección como presidente, ¿habrá también una recomposición al interior de las dos salas? ¿Cómo quedarán conformadas?

Reglamentariamente, el presidente no conforma sala. Yo, hasta el 2 de septiembre, presidía la Sala 1. Precisamente, el lunes 7 ya hemos tenido un pleno autorizando la reconformación. El expresidente [Helder] Domínguez pasa a incorporarse a la Sala 1; y ahora la preside. Pero la conformación es exactamente la misma, porque la temática de reconformación de salas normalmente se ve en la primera sesión del año jurisdiccional. Tendríamos que verlo en enero de 2027, si es que hay una recomposición o se continúa con esa estructura.

— Este es un colegiado particular porque los otros seis magistrados que lo acompañan van a culminar su mandato en mayo de 2027. ¿Cómo será la dinámica del tribunal a partir de esa fecha?

El mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional es un mandato pro tempore. En una república no existen cargos ad aeternum. En este caso, son cinco años que señala la Constitución, sin posibilidad de reelección, y con la obligatoriedad de estar en el cargo hasta que sean reemplazados. ¿Qué puede suceder? Los escenarios ya no dependen mucho del tribunal. Dependen, en todo caso, conforme a las nuevas competencias congresales, del Senado de la República. En principio, lo que corresponde al presidente del tribunal es comunicar con seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento del mandato al Congreso, precisamente para que inicie el procedimiento de selección de nuevos magistrados. Eso tendrá que ser en el mes de noviembre, y se comunicará al Congreso para que el Senado específicamente defina este proceso de selección de los nuevos magistrados. Ahí el escenario ya sale del tribunal y habrá que esperar que el Senado tome la decisión adecuada, con el tiempo que ello amerite, y esperar a que haya humo blanco. Mientras tanto, ¿qué sucede? Los magistrados tenemos que continuar hasta que seamos reemplazados, porque entenderá que un órgano jurisdiccional colegiado funciona básicamente con reglas de quórum que tienen que respetarse. Porque si no, el tribunal no funciona.

— ¿Se va a notificar formalmente al Congreso en noviembre el término del mandato?

Es lo que corresponde por la normatividad aplicable.

— ¿Seis meses van a ser suficientes para que el Senado pueda tomar una decisión?

Yo confío que el Senado, entre las múltiples ocupaciones que tendrá, le dará la prioridad respectiva al tema. Mientras tanto, el tribunal continuará con su labor hasta cuando ellos consideren que opera la renovación.

— A su juicio, ¿qué características deberían tener los futuros magistrados?

Un magistrado del Tribunal Constitucional tiene que ser consciente, en primer lugar, de lo que significa la Constitución. La Constitución —lo decía en el discurso de inauguración— no pertenece a un gobierno, no pertenece a las mayorías, no pertenece ni siquiera a los juristas. Pertenece al pueblo, porque el pueblo es el que, a través de esa Constitución, garantiza su libertad. Entonces, cualquier exceso de poder, venga de quien venga, tiene que estar limitado en la Constitución, y precisamente el Tribunal es el garante de que ello ocurra. Teniendo eso como un claro objetivo del tribunal, creo que el perfil tiene que ir en esa línea: gente con vocación democrática, gente con preparación suficiente en materia constitucional, gente con una visión de país más allá de las situaciones subjetivas, sino siempre priorizando el bien común y, obviamente, con cierto nivel de experticia en materia constitucional. Porque la materia constitucional —que creo que estamos de moda en los últimos años— es una materia compleja. Es una disciplina jurídica relativamente con mucha novedad, pero que sí requiere un nivel de formación absolutamente importante y necesario. Además de una conducta personal que tiene que ser siempre en una línea de decoro y de integridad, porque al final es difícil que un juez tenga autoridad si no hay una coherencia personal en sus decisiones.

“A nosotros nos han dicho cerronistas, fujimoristas, chavistas. [...] No, somos simplemente garantistas de la libertad”.

“A nosotros nos han dicho cerronistas, fujimoristas, chavistas. [...] No, somos simplemente garantistas de la libertad”.

— Pero al emerger de un ámbito político, ¿el inicio de un proceso de renovación de tal magnitud, de seis magistrados del Tribunal Constitucional, puede someter a presiones políticas a un colegiado que está próximo a terminar su mandato?

Eso es un tema que también se ha discutido mucho en el derecho comparado. Le mencionaba que en la mayoría de países del mundo la designación de los altos funcionarios de un tribunal constitucional siempre pasa por el Congreso. ¿Por qué? La explicación es muy simple: porque el Parlamento, según el diseño constitucional contemporáneo, es el órgano donde convergen los representantes del pueblo. Esa es fundamentalmente la justificación, y se entiende que esos representantes van a actuar buscando lo mejor. Que eso en el camino pueda tener algún tipo de propósito o intención de no siempre responder a este bien común y a lo más conveniente... somos humanos. Y creo que de lo que se trata es probablemente de los mecanismos........

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