¿Y ahora, qué voy a hacer? debe ser la pregunta que cientos de alcaldes ganadores de octubre se están haciendo cuando faltan pocas semanas para asumir sus cargos. Para el caso de las 1,400 municipalidades rurales, con presupuestos exiguos, provenientes de las transferencias del gobierno central, el margen de acción será muy estrecho. En cambio, en las 500 municipalidades provinciales y distritales que sí cuentan con presupuesto del Foncomún, del canon o ingresos propios, la pregunta se convierte en perentoria exigencia si ganaron con promesas y buenas intenciones, pero sin planes ni programas de acción. La tentación de muchos será, como hizo la mayoría en el pasado, administrar la crisis apagando incendios y reproducir viejas prácticas en el manejo del presupuesto disponible para inversiones.

Cuando Julio Díaz Palacios y su equipo se hicieron cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo en enero de 1981, lo hicieron convencidos de que podría funcionar como un gobierno local capaz de enfrentar dos agudos problemas que padecían sus 30,000 habitantes: la falta de agua potable y los humos generados por la fundición de la Southern Perú Copper Corporation, una empresa subsidiaria de un gigante de la minería mundial del cobre.

Pero se toparon con un muro de problemas: la municipalidad provincial creada en 1970 con alcaldes y regidores nombrados por el ministerio del Interior de la dictadura militar sin las competencias necesarias para enfrentar esos problemas; la propia administración municipal no se veía como encargada del gobierno de la ciudad; y empezaron a ocurrir, como en otras ciudades, tomas de terrenos por familias recién llegadas, empujadas por la sequía en la sierra que trajo el Fenómeno El Niño de 1983 y por la extensión de la guerra senderista.

Díaz Palacios, médico del policlínico de la refinería de Minero Perú, ganó la elección encabezando la lista de Izquierda Unida, un frente de los partidos que habían combatido a la dictadura de Morales Bermúdez, pero que, al momento de las elecciones de noviembre del 80, no contaba con un plan de gobierno municipal. De manera que, reconociendo que no habría ningún cambio sin el protagonismo de la población, abrió las sesiones del Concejo a los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Ilo[1]. El Concejo escuchó a los vecinos para levantar el cuadro de necesidades sentidas; impulsó la organización de la Federación Provincial de Pueblos Jóvenes y de la Federación de Mujeres; se abocó a la formulación de planes de gestión técnica y se tejieron alianzas institucionales locales con las ONG Asociación Civil Labor y el CENECAPE Ilo. 

Esa compleja y rica experiencia de gobierno municipal ha sido sistematizada en el libro “La gestión del desarrollo sostenible de Ilo 1981-2001” de Julio Díaz Palacios, Doris Balvín y Ernesto Herrera[2] cuyo contenido........

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