La ministra de Hacienda ha presentado el viernes día 9 de enero, el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, tras el visto bueno de Esquerra Republicana, después de la reunión del presidente del Gobierno con Oriol Yunqueras, donde se prometió garantizar el principio de ordinalidad y una financiación adicional para Cataluña de cerca de 5.000 millones de euros anuales. Sin embargo, no nos encontraríamos ante un nuevo sistema sino ante una modificación del existente y regulado en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

La reforma que entraría en vigor en 2027, parte de un dato fundamental para el reparto de los ingresos tributarios entre las Comunidades Autónomas, el dato de la población ajustada de cada Comunidad, fijado de acuerdo con los siguientes criterios: población padrón (39%), población protegida equivalente (38%), educación hasta los 17 años (17%), educación para habitantes entre los 18 y los 24 años, incluyendo los alumnos desplazados (3,5%), servicios sociales para mayores de 65 años (7%), servicios sociales para parados sin prestación (1,5%), dispersión (0,5%), superficie (1,6%), costes fijos (0,4%) e insularidad (0,5%). Debemos resaltar que la ponderación del criterio de superficie con el 1,6% y el de dispersión de la población con el 0,5% no benefician a la Comunidad de Castilla y León.

La reforma ampliaría los porcentajes de recaudación de los impuestos estatales cedidos a las Comunidades Autónomas: se incrementa la cesión del IRPF, del 50% al 55% y el del IVA, del 50% al 56,5%. Con esto, los recursos aumentarían en 16.000 millones de euros para el año 2027, lo que beneficia a las Comunidades más ricas, con mayor........

© El Adelantado