El pacto de Valledupar

¿Quién vigila al poder cuando el propio Estado tiene la capacidad de vigilar a los ciudadanos?

En Colombia, esta pregunta adquiere una dimensión particular cuando se examina lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro y las denuncias sobre el presunto uso de espacios institucionales para promover declaraciones contra sus adversarios políticos.

Para nuestro partido, la pregunta no es abstracta.

Álvaro Uribe Vélez, aparece entre los dirigentes mencionados en las denuncias relacionadas con las reuniones de Valledupar.

Pero el asunto trasciende su nombre y el de cualquier organización política: compromete las garantías que debe tener toda oposición frente a un Gobierno que dispone de recursos, información reservada y capacidades institucionales que no pueden utilizarse para obtener ventajas partidistas.

Las denuncias conocidas en octubre de 2026 señalan que, durante reuniones realizadas en Valledupar en 2025, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro habrían solicitado a antiguos comandantes paramilitares que formularan declaraciones públicas contra Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Salvatore Mancuso y su abogado, Juan Carlos Villamizar, respaldaron públicamente aspectos de esa versión.

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, también ha realizado señalamientos relacionados con esos encuentros.

La gravedad de estas afirmaciones exige una investigación rigurosa.

No corresponde presentar como probada una responsabilidad que debe establecer la justicia, ni atribuir automáticamente al entonces presidente cada actuación de sus funcionarios.

Corresponde esclarecer quién convocó las reuniones, qué se solicitó realmente, si hubo instrucciones superiores y si existieron presiones u ofrecimientos indebidos.

Pero tampoco podemos restarle importancia a lo denunciado.

Si se demostrara que recursos o espacios........

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