Por: Felipe Rodríguez Espinel

A los colombianos no les hace falta un economista para saber que algo va mal. Se dan cuenta en el mercado, cuando el tomate cuesta casi el doble que hace un año. Lo sienten al pagar la matrícula del colegio, al mirar la factura del celular, al sentarse en una cafetería y ver que el tinto ya no vale lo que valía. La inflación no es una abstracción estadística, es la suma de pequeñas derrotas cotidianas que se acumulan sin pausa.

El DANE confirmó el 9 de abril que el Índice de Precios al Consumidor cerró marzo de 2026 en 5,56% anual. El dato superó las proyecciones del mercado y quedó por encima del 5,09% registrado en el mismo mes del año anterior. No es el peor registro histórico reciente, pero sí es una señal de que la tendencia volvió a girar hacia arriba, justo cuando muchos esperaban alivio.

¿Qué rubros están detrás de ese número? Los de siempre: comer, curarse y estudiar. Restaurantes y hoteles lideran la presión con una variación anual de 9,92%. Un tinto que se pide en cualquier tienda del país subió 13,72% en el último año. Comer fuera del hogar, hábito inevitable para millones de trabajadores urbanos, cuesta hoy un 10,30% más. La salud subió 7,87% y la educación 7,54%. Tres pilares del bienestar familiar golpeados al mismo tiempo, sin que ninguna política pública haya logrado amortiguar el impacto.

En alimentos, el panorama tiene sus propias crueldades. El tomate acumuló un alza de 13,58% solo en marzo. Las frutas frescas subieron 8,66%. Productos perecederos, esenciales, que no se pueden reemplazar fácilmente ni posponer. Y mientras eso ocurre, la discusión entre el Gobierno y el Banco de la República sigue instalada en el plano ideológico. El presidente Petro insiste en que la inflación obedece a choques de oferta, no a exceso de demanda; el Emisor respondió subiendo la tasa de referencia al 11,25%, con señales de que podría seguir aumentándola. El debate tiene sus méritos técnicos. El problema es que, mientras los dos se pelean, el peso de la cuenta lo pagan los hogares.

La brecha regional también merece atención. No es el mismo país para quien compra en el Eje Cafetero que para quien lo hace en el Caribe. La inflación no es pareja ni neutral, castiga más a quienes menos margen tienen para absorberla.

Las proyecciones tampoco invitan al optimismo. El aumento del salario mínimo del 23,7% medida social legítima se está indexando sobre los servicios y trasladando costos al consumidor final. Buenas intenciones con efectos no previstos.

Llevamos demasiado tiempo conviviendo con una inflación que se resiste a ceder. Los anuncios no bastan. Las explicaciones no llenan el mercado. Lo que necesitamos los hogares colombianos no son más diagnósticos, se necesita de una política económica coordinada, coherente y, sobre todo, honesta sobre los límites de lo posible.

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