Economista, Máster en desarrollo local y en educación

Pocas frases generan hoy tanto consenso en Colombia como la promesa de gobernar desde las regiones. La aplaudimos quienes vivimos lejos del centro, porque expresa una deuda antigua: la de un país que durante dos siglos ha tomado demasiadas decisiones desde Bogotá, muchas veces de espaldas a sus territorios.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo de esa idea una de sus banderas y ya la ha traducido en anuncios concretos: sedes alternas de la Presidencia en Barranquilla, Medellín y Cali, y un proyecto de acto legislativo para convertir a Barranquilla en capital alterna del país. El propósito es legítimo y recoge un reclamo histórico. Sin embargo, desde el Huila conviene hacer una pregunta necesaria: cuando se reparta de nuevo el poder, ¿dónde va a quedar nuestro departamento?

La pregunta no es menor. Descentralizar puede significar dos cosas muy distintas. Una es mover el despacho presidencial, trasladar por unos días la oficina del poder a otras ciudades y enviar un mensaje simbólico de cercanía. La otra, mucho más profunda, es transferir de verdad recursos, competencias y capacidad de decisión a los territorios, como lo ordena el espíritu de la Constitución.

Ahí es donde las cifras obligan a mirar el tema con prudencia. La reforma al Sistema General de Participaciones, la bolsa mediante la cual la Nación gira recursos a municipios y departamentos, dispuso que los territorios lleguen a recibir hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, pero de manera gradual y solo hacia 2038. Mientras tanto, las regalías han venido cayendo de 18 billones de pesos en 2023 a cerca de 11 billones en 2025. Y la Ley de Competencias, la que debe definir qué funciones asumen la Nación y los territorios, y con qué recursos, se hundió en el Congreso anterior. El Gobierno radicó una nueva versión el 20 de julio, hoy en discusión y ya cuestionada por las ciudades, que deberá aprobarse........

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