Amadeo González Triviño

Cuando de pagar impuestos se trata, todos procuran justificar el estado de corrupción que vivimos, como fundamento para sustraerse al cumplimiento de este deber legal. Sin lugar a dudas, muchos tienen la razón, por cuanto la forma como se despilfarra el recurso fiscal en la solución de los problemas sociales de las comunidades o en la satisfacción de todas aquellas necesidades primarias del ciudadano, no dejan otra cosa que pensar, más allá de que tales recursos están enriqueciendo a los contratistas, funcionarios públicos y ordenadores del gasto encargados de la administración y de su ejecución.

Vienen entonces los reclamos frente a los entes de control, y encontramos que todo es inútil, que dentro de una política institucionalizada y decadente, la forma de selección de los encargados de dichas entidades, están estrechamente vinculados por el manejo político y politiquero que todos conocemos, y por tanto, cualquier reclamación, cualquier exigencia o cualquier demanda de aplicación de las normas rectoras que vigilan, cuestionan o sancionan al funcionario público o a los contratistas, terminan quedando en la impunidad, dentro del ámbito propio de un Estado de Derecho, que dejó de serlo, cuando hemos aprendido a convivir con el delito y con el crimen.

Se han presentado movilizaciones con ocasión de las tasas impositivas por la tenencia de los bienes, en lo que conocemos como el impuesto predial, todo como fruto de lo que se denomina el régimen catastral en Colombia, y quizá muchos tengan la razón, porque la inercia de la actividad fiscal y de actualización de los valores de los bienes, predios o mejoras construidas dentro de la geografía política colombiana, no se corresponden a la dinámica del mercado económico permanente, sino que hacen parte precisamente de estrategias en las cuales, las mismas comunidades no están preparadas o los mismos dirigentes, no quieren inmiscuirse por que ello representa la pérdida de votos y de oportunidades de hacer proselitismo con tan álgido tema.

Lo cierto es que los ciudadanos de bien, y los otros, también, recurren a todos los medios y procedimientos para negarse al cumplimiento de dicho deber legal del pago del impuesto, y es de común ocurrencia que cuando se trata de realizar negociaciones en las que está de por medio ese bien objeto de un gravamen fiscal, se busca evadir el pago real de los derechos al Estado, y por tanto, es cuando ese valor ínfimo de un avalúo catastral, es el que se utiliza para darle valor y eficacia a la transacción, dejando de lado el verdadero valor que se escondió en dicha negociación. Y de nada ha servido la ley que dispuso hacer efectivas las sanciones económicas contra las personas que, en su momento de celebrar un negocio, no hacen constar el valor real de la negociación y lo disfrazan con el pago de otra suma de dinero, diferente al que realmente se celebró. En un país de leyes, las mismas, tienen sus falencias y los operadores judiciales no tienen las suficientes herramientas para controvertir lo plasmado allí en cada instrumento público de venta o de lo consignado en la escritura pública.

Algunos ciudadanos se preguntan por qué la inactividad de los alcaldes en salir o demandar una rectificación de los valores o tasas impositivas por el impuesto predial o catastral, y es cuando hemos entendido que dichos recursos que se recaudan en cada municipalidad, hacen parte de recursos que están a disposición única y exclusiva del Alcalde para incorporarlo a su presupuesto municipal y que no deben rendir cuentas de los mismos o destinarlos a otras actividades, más allá, de la inversión que deben hacer dentro de su propio municipio, y por tanto, son recursos que en su afán por hacer política, no van a dejar de recibir para darle visos de legalidad con las contrataciones o con poder cumplir sus compromisos con quienes lo eligieron, no los electores, los que financiaron su campaña,  como en efecto sucede.  

He ahí el dilema de que el pago de los impuestos municipales y la ausencia de inversiones públicas que llenen las expectativas de las comunidades, se suma a la corrupción en la ejecución de los mismos, y por tanto, el ciclo del desgaste institucional, parece que no tiene reversa, en un país, que se acostumbró a dejar hacer, dejar pasar y la criminalidad no se detiene.

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