ALFREDO VARGAS ORTIZ

Abogado Universidad Surcolombiana

Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia

Lo que está ocurriendo en Alta Mar en el Caribe y en Pacífico con los bombardeos de las fuerzas militares de los EE.UU por orden del presidente Donald Trump y la amenaza de invasión al territorio Colombiano es una situación muy grave que desborda las normas del Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del derecho del Mar.

Si no existe un conflicto armado declarado entre Estados, tales acciones deben regirse por el DIDH y por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982), y no por el DIH. En consecuencia, el uso de la fuerza letal contra embarcaciones o personas sin proceso judicial previo constituye una ejecución extrajudicial, prohibida por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Asimismo, tales operaciones violan los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso (art. 14 del PIDCP y art. 8 de la CADH), pues la destrucción de naves “sospechosas” equivale a aplicar sanciones sin juicio ni verificación judicial. De igual manera, se transgreden los derechos a la libertad personal y seguridad jurídica (arts. 9 y 14 PIDCP; arts. 7 y 8 CADH), al actuar sobre simples presunciones y sin........

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