09 de abril 2026 - 05:30

JUSTO el día que los amigos del presidente Sánchez se sentaban ante el juez por corrupción, el Consejo de Ministros aprobó su proyecto para que la práctica del aborto sea un derecho constitucional. El Gobierno sabe que es muy difícil que la iniciativa salga adelante debido a una cuestión de aritmética parlamentaria, pero aun así ha seguido adelante. Cuesta comprenderlo: ¿no justifica su escandalosa negativa a presentar un proyecto de Presupuestos Generales con su convencimiento de que no existe consenso para que prospere? ¿Por qué entonces persevera en esta intentona de reforma de la Constitución? La clave es la polarización. Lo que busca el Ejecutivo es abrir un frente que obligue a todos a posicionarse ante el aborto, que para unos es un derecho, para otros un crimen y para muchos un mal necesario con el que no hay que hacer alardes. Antes, claro está, ha existido un proceso de paradójica criminalización de los colectivos pro-vida, que en columnas, tertulias y declaraciones han sido dibujados como siniestros y oscuros personajes, enemigos de los derechos y mujeres (aunque muchas de las activistas sean féminas). La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó ayer al movimiento antibortista, con poco sentido de la medida, como “ultra reaccionario”. Imaginamos que, con esta lógica hiperbólica, la señora Redondo describirá a los abortistas como supercalifragilisticoespialidosos.

El Gobierno, como la Policía, no es tonto. Sabe que esta iniciativa, este ladrillo más del muro de Sánchez, coloca al PP, un partido en el que conviven muchas sensibilidades morales, ante sus contradicciones. Si la admite, sufrirá una vía de agua importante por estribor. Si la niega –como con casi toda probabilidad hará– le acusarán de ceder ante Vox (el único partido español nítidamente antiabortista), lo que asustará a sus sectores más liberales. Ya veremos cómo se desarrolla el pulso, pero lo más grave de este asunto no son las cuestiones tácticas de los partidos, sino el hecho de que Sánchez haya llevado la polarización al mismo corazón de la convivencia nacional, que es la Constitución. La Carta Magna, todavía hoy, concita un aceptable consenso entre los españoles, exceptuando los territorios donde se ha permitido que los nacionalismos campen a sus anchas. De consumarse esta propuesta se abrirá una fisura por la que se colará el rechazo de muchos y buenos ciudadanos al texto. La Constitución será un poco menos de todos y se embarrará irremediablemente para que Sánchez sume una muesca a la culata de su fusil progresista.

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