Normalizar lo excepcional

Tanto el recurso reiterado al decreto-ley como la utilización de mecanismos presupuestarios extraordinarios, responden, en el fondo, a la misma lógica política

Fachada del Tribunal de Cuentas. / EFE. MADRID| EUROPA PRESS

El informe de la delegación del Parlamento Europeo sobre el Estado de derecho en España y la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas, ambos hechos públicos recientemente, coinciden, desde perspectivas distintas, en señalar una deriva de deterioro institucional en España.

El primero pone el foco en el abuso del decreto-ley, una figura prevista para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que el Gobierno ha terminado convirtiendo en un instrumento ordinario de gobierno, con más de 120 decretos aprobados desde 2018. Su utilización sistemática no solo reduce el debate parlamentario y debilita los mecanismos consultivos, sino que, en el caso de los llamados decretos ómnibus, obliga además a votar conjuntamente cuestiones heterogéneas, erosionando la función deliberativa de las Cortes. A ello se suma la inseguridad jurídica........

© Diario de Mallorca