En la política española reciente, el adelanto electoral ha pasado de ser un instrumento excepcional a una salida recurrente ante bloqueos parlamentarios. Lo hemos visto en Extremadura o en Aragón, donde las dificultades para aprobar presupuestos fueron el banderín de enganche para convocar a las urnas. Sin embargo, en el actual clima de antipolítica, esta herramienta ya no se percibe como una solución irremediable y casi natural, sino como un síntoma más de disfunción institucional.

La lógica institucional era clara, sin Presupuestos no hay capacidad real de gobernar, y la política también, no somos Pedro Sánchez. Pero esa lógica, que durante décadas fue comprendida por el electorado, hoy parece haber perdido fuerza. La aprobación de los Presupuestos, la ley fundamental de cualquier ejecutivo, ya no se percibe como un requisito del buen gobierno. Tampoco lo es la estabilidad parlamentaria ni la construcción de mayorías. En su lugar, se impone una lógica más volátil, donde el votante no penaliza el bloqueo ni exige acuerdos, sino que se mueve por impulsos de rechazo o desafección.

Este cambio de comportamiento altera profundamente los incentivos del sistema. Los partidos, conscientes de que el castigo electoral por el fracaso institucional es limitado, adoptan estrategias cada vez más tácticas. La negociación pierde valor frente al posicionamiento y el cálculo electoral sustituye al compromiso programático. El resultado es un círculo vicioso de gobiernos débiles, parlamentos fragmentados y una ciudadanía que observa el proceso con creciente distancia.

Durante la Transición y las décadas posteriores, se entendía que el Parlamento era el espacio de negociación legítimo y que las mayorías eran necesarias para sostener el sistema. Esa pedagogía política hoy se ha erosionado. Las reglas siguen ahí, pero su legitimidad social se ha debilitado. En este contexto, adelantar elecciones deja de ser una herramienta de desbloqueo para convertirse en una huida hacia adelante, o así es percibida por los ciudadanos. No resuelve el problema de fondo, la incapacidad de construir mayorías, sino que se pospone, confiando en que una nueva correlación de fuerzas lo haga desaparecer. Pero la experiencia demuestra que ese cálculo rara vez se cumple. ¿Y así hasta cuándo?

En tiempos de antipolítica, el fracaso de adelantar elecciones es doble porque no garantiza la gobernabilidad y porque refuerza la percepción de que la política institucional es incapaz de ofrecer soluciones estables. Y así, cada nueva convocatoria no cierra una crisis, sino que la cronifica.

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