La ausencia de una mayoría parlamentaria estable ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición de debilidad que le obliga a negociar cada votación y, en algunos casos, a asumir derrotas. Un contexto desfavorable en el que el Ejecutivo ha optado por posponer o reducir aquellos espacios institucionales en los que su fragilidad podría hacerse más visible, limitando así determinados mecanismos de deliberación y control parlamentario.

Desde La Moncloa se argumenta que el presidente comparece con frecuencia en el Congreso, generalmente a petición propia, pero siempre con formatos que le permiten fijar el marco del debate, mientras que esquiva otros instrumentos parlamentarios. Por ejemplo, el presidente no acude a una sesión ordinaria de control en el Senado desde marzo de 2024, pese a que el reglamento prevé su asistencia mensual; el debate sobre el estado de la nación solo se ha celebrado una vez desde 2018 —pese a ser ya el tercer presidente más longevo— y las Conferencias de Presidentes apenas se han convocado en dos ocasiones en toda la legislatura.

A ello hay que añadir, además, el recurso creciente a la vía ejecutiva para adoptar decisiones sin someterlas a votación en las Cortes, así como el bloqueo de numerosas iniciativas legislativas mediante la prórroga reiterada de los plazos de enmiendas en el Congreso. Una práctica que afecta sobre todo a las propuestas de la oposición, pero también a algunas de los socios del Gobierno, evidenciando hasta qué punto el control de los tiempos legislativos es un instrumento para limitar el debate parlamentario.

Estas prácticas, en buena medida, responden a la lógica de un gobierno en minoría. Cuando las mayorías son inestables y cada votación implica un riesgo, el Ejecutivo tiende a evitar escenarios en los que su debilidad pueda traducirse en derrotas parlamentarias. La selección de los debates, el recurso a instrumentos ejecutivos o el control de los tiempos legislativos le permiten mantener la iniciativa política sin exponerse continuamente a una aritmética incierta.

El problema son sus repercusiones institucionales. La reducción de debates generales, la escasa presencia del presidente en el Senado o el bloqueo de iniciativas legislativas limitan las funciones deliberativa y de control del Parlamento. Una dinámica que contrasta con el discurso del propio Gobierno sobre la regeneración democrática, cuyo plan plantea reforzar la calidad del debate público y revitalizar instrumentos parlamentarios como la celebración anual del debate sobre el estado de la nación. La distancia entre ese discurso y la praxis resulta, por ello, difícil de obviar: más allá de las dificultades de gobernar en minoría, la legislatura evidencia hasta qué punto la estabilidad gubernamental puede terminar desplazando el equilibrio institucional hacia el Ejecutivo y debilitar los espacios de control y deliberación propios del parlamentarismo. Y eso es algo que difícilmente contribuye a reforzar la calidad democrática.

Suscríbete para seguir leyendo

© Diario de Ibiza