12 de marzo 2026 - 03:08

Queríamos vivir en una sociedad que deja de atender a una persona enferma por el simple hecho de ser extranjera? ¿Podríamos vivir con ese peso sobre nuestras conciencias?

En España aprendimos a decir de corrido que teníamos una sanidad pública, universal y gratuita. Ese consenso social, que parecía incuestionable, se quebró en 2012, cuando bajo el gobierno de M. Rajoy se restringió el acceso a la sanidad pública a las personas en situación irregular. Aquella decisión del Partido Popular dejó sin ese acceso universal a personas que estaban dentro del territorio español, que trabajaban y convivían con nosotros. Hoy ese derecho vuelve a ser posible gracias a un Real Decreto impulsado por el actual Gobierno de coalición progresista.

¿Qué país no quiere tener una población sana? La pregunta debería ser retórica, pero no lo es. Cuando se trata de personas inmigrantes en situación irregular, aparecen las voces de ultratumba de quienes pretenden herir nuestra convivencia en beneficio propio, las de quienes se apresuran a lanzar como dardos envenenados que esta medida colapsará el sistema sanitario. Sin embargo, es un argumento tan previsible como falso.

Los datos importan, porque gracias a ellos se desmontan los bulos que se esparcen desde la derecha y la ultraderecha. El informe técnico emitido por la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Junta de Andalucía (2025) concluye que la población inmigrante tiene, en términos generales, un estilo de vida más sano que la población autóctona, con menores tasas de alcoholismo y tabaquismo, además de ser una población más joven.

Según la Encuesta Europea de Salud en España, el uso de los servicios sanitarios es menor por parte de la población migrante, un dato que desmonta cualquier discurso alarmista. ¿Dónde queda entonces el supuesto colapso del sistema sanitario? Queda únicamente en la intención política de alimentar el miedo y erosionar la convivencia.

La recuperación de esta universalidad real en la sanidad española restituye un principio que ya formaba parte de nuestro sistema sanitario y que refuerza la prevención, la detección temprana y la protección colectiva frente a las enfermedades.

En conclusión, la pregunta que debemos hacernos no es si el sistema sanitario se va a colapsar o no. La verdadera pregunta es si en algún momento debimos dejar de atender a estas personas. Desde la ética, desde la salud pública y desde el sentido común, la respuesta solo puede ser un no rotundo.

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