El atentado con explosivos registrado en una discoteca en Trujillo la madrugada de ayer no es un hecho aislado, es la última demostración de que la criminalidad se ha convertido en un sistema de gobierno ilegal que supera al oficial y ha instalado un sistema tributario paralelo donde el no pagar no se castiga con una multa sino con la muerte.

Lo peor de todo esto es que todos los niveles de gobierno lo saben, lo han documentado y su única respuesta ha sido suspender derechos fundamentales a través de estados de emergencia que poco o nada hicieron para poner fin a esta escalada criminal.

Esto hace que nos preguntemos, incómodamente, si ¿le conviene al poder político resolver el problema de la inseguridad? Un ciudadano con miedo no fiscaliza la corrupción ni exige probidad y eficacia a sus autoridades, solo quiere que “hagan algo” contra el crimen pues no saben si volverán a sus casas luego de salir de trabajar.

La normalización del pago de cupos es una derrota al estado de derecho, que un transportista pague para que no lo maten o que un bodeguero destine parte de su presupuesto a “pagar por seguridad” sin pensar en denunciarlo solo demuestra que el crimen no venció al Estado por la fuerza sino porque el Estado se dejó vencer.

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