A finales de mayo de 2020, en plena desescalada del confinamiento, un grupo de vecinos de Mataró creó en Facebook la página Patrulla Vecinal Mataró. En una semana tenía más de siete mil miembros. Pronto surgieron también canales de Telegram en cinco barrios de la ciudad, algunos con más de doscientos participantes. Su función, decían, era la de afrontar los “robos con violencia” y presionar para desalojar edificios ocupados. Lo que no decían explícitamente es que iban dirigidos expresamente contra los chavales magrebíes, muchos de ellos ya mayores de edad y abandonados, por tanto, por el sistema de acogida, dejados a su suerte sin ningún tipo de ayuda. Entre los impulsores de estas patrullas se encontraban miembros del partido ultra Plataforma por Catalunya, pero su éxito fue mucho más allá de la extrema derecha. Muchos vecinos se sintieron interpelados y se sumaron a la propuesta vigilantista.

Esta no fue la primera escena de agitación vecinal antiinmigrante, tampoco será la última. La secuencia viene repitiéndose con algunas variaciones desde hace más de diez años, aunque se ha acelerado los dos o tres últimos, espoleada por la crisis de vivienda y la recuperación económica que demanda mano de obra. Llegan más migrantes pero tienen dificultades extremas para encontrar alojamiento, de manera que muchos se ven empujados a ocupar, muchas veces acompañados de otros nacionales pobres expulsados también del mercado de vivienda.

A menudo son los propios vecinos quienes demandan los desalojos de estos espacios ocupados. Sucede con viviendas, edificios o incluso asentamientos precarios –desde tiendas de campaña hasta chabolas– que se extienden por buena parte del territorio. Solo el año pasado se produjeron los casos mediáticos del instituto B9 de Badalona, el del Grand Hotel Callao Sport en Tenerife, la nave La Escocesa en Barcelona, el de Zorrotzaurre en Bilbao, las naves ocupadas de Herrera-Oria en Donostia y el colegio de Martutene de la misma ciudad, entre otros. Mientras que este año han surgido nuevos casos como el de la antigua ikastola Jaso o el convento de Aranzadi, ambos en Pamplona. Cada uno de estos desalojos puede dejar a cientos de personas en la calle. En total son miles, y van a ir en aumento, en un perfecto ejemplo de cómo barrer el problema bajo la alfombra.

A menudo son los propios vecinos quienes demandan los desalojos de estos espacios ocupados

A menudo son los propios vecinos quienes demandan los desalojos de estos espacios ocupados

Los barrios aledaños a centros de menores también han sido espacios centrales de esta confrontación urbana. Porque las figuras que condensan aquí los “demonios populares”, que aglutinan los significantes monstruosos de descontrol y miedo, son las del menor extranjero no acompañado, el “mena”, o su versión adulta: los migrantes sin papeles. La prensa, la policía, algunos partidos y no pocos ciudadanos los han convertido en metonimia de barbarie, criminalidad y peligro sexual.

Los ataques y las patrullas ciudadanas, sean o no promovidas por los grupos de extrema derecha, acaban prendiendo de forma cada vez más fácil, como si en el imaginario del........

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