Gobiernos y agencia ciudadana sobre el entorno digital de los menores de edad

El 10 de septiembre de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la tramitación del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Seguía así su curso, con el ánimo de velar por la protección de los datos personales de los menores y el control de su acceso a contenidos “adecuados” para su edad.

Sin embargo, no ha sido hasta su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái a principios de febrero, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció cinco medidas dirigidas a las plataformas digitales, entre las que se incluía la polémica prohibición del acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, medida que obliga a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. 

La prohibición española ha surgido en medio de la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños a nivel mundial. Cabe recordar que el pasado diciembre, Australia se convirtió en el primer país que prohibió a los menores de dieciséis años tener cuentas en plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat y Facebook. A mediados de enero, las plataformas de redes sociales habían desactivado más de cuatro millones y medio de cuentas sospechosas de infringir la prohibición en ese país.

La medida propuesta por el gobierno español va en consonancia con el clamor que, desde su nacimiento en 2023, manifiesta el movimiento ciudadano, promovido por madres y padres, Adolescencia Libre de Móvil (Adolescència Lliure de Mòbil). Este movimiento, aunque no es mayoritario, ya cuenta con 187 grupos repartidos por 17 comunidades autónomas. Nació a través de grupos de Telegram y WhatsApp en el barrio barcelonés de Poblenou y enseguida se replicó en diferentes ciudades del Estado. En su primer manifiesto hacían una llamada a retrasar la entrega del primer smartphone a sus hijas e hijos, apelando a diversos estudios que exponían los aspectos negativos del uso de estos dispositivos en menores de dieciséis años. Lo que pretendían, en sus propias palabras, era “generar conciencia crítica en las familias y centros educativos y movilizar a las instituciones para que se regule el uso de dispositivos móviles y pantallas en el ámbito escolar”. Este movimiento de familias también se adhirió al Pacto de Estado centrado en el riesgo del uso de Internet y redes sociales en menores de edad, pacto consensuado por la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef, que cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General del Estado.

Lo que está en juego en la actualidad es, entre otras cosas, quién define las reglas del espacio público digital: los gobiernos democráticos o las empresas tecnológicas. Avancemos un poco más en el análisis de esta cuestión y sus numerosas implicaciones.

El smarthphone en un pantalón adolescente

Según los datos del estudio de Unicef “Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social”, más de un 90% de las y los adolescentes participa en al menos una red social y algo más de un 75% en tres o más. Una abrumadora mayoría de los últimos cursos de Primaria también está presente en alguna red y lo hace a través de su propio smartphone: “A los 10 años, el 41% de los niños y niñas dispone de móvil propio, porcentaje que asciende al 76% a los 12 años de edad. En la ESO, prácticamente todos –el 92,8%– tienen su propio teléfono, siendo la edad media de acceso al móvil los 10,8 años”. Dicho estudio analiza el uso de Internet de los más jóvenes, haciendo notar también que el consumo de pornografía se inicia de media a los 11,5 años. A esto se añade una realidad cotidiana a tener muy en cuenta: el 70% de los jóvenes que participaron en el estudio manifestaron que no hablan de sexo en casa. Esto último es mucho más relevante que el acceso de los jóvenes a Internet. Si existiera una comunicación entre las y los menores y sus progenitores acerca de la sexualidad humana, probablemente la existencia de pornografía en la red sería una cuestión bastante secundaria. Sin embargo, en raras ocasiones los más jóvenes disponen de las herramientas suficientes para hacer una lectura comprensiva y, sobre todo, crítica de algunas de las imágenes y vídeos que pueden llegar a aparecer fortuitamente en sus pantallas cuando navegan de forma despreocupada por la red.

Por supuesto, los más jóvenes hacen un uso de Internet en su día a día mucho más amplio, que nada tiene que ver con los temores que sus padres, o ahora las autoridades, pueden llegar a albergar. No podemos olvidar que las y los chavales se relacionan con diferentes grupos de personas con intereses o aficiones comunes. Y no solo eso, también participan de una cultura que forma parte de su identidad, en constante formación a estas edades.

Se pretende proteger la vulnerabilidad de los menores en las redes sociales, sí, pero no intervenir eficazmente sobre el sistema que genera dichas vulnerabilidades

Se pretende proteger la vulnerabilidad de los menores en las redes sociales, sí, pero no intervenir eficazmente sobre el sistema que genera dichas vulnerabilidades

El sentimiento de pérdida de dichas comunidades, derivadas de la........

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