El pasado lunes, 46 días después de la entrada extraordinaria de migrantes en Ceuta del 30 de julio, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconocía que quedaban todavía entre 700 y mil menores de edad viviendo en las calles de la ciudad. La cantidad exacta de niños en situación de riesgo es un misterio porque no han sido filiados uno por uno, pero las cifras proporcionadas por el ministro concuerdan con las que manejan entidades como Save the Children o Unicef, que llevan allí desde principios de agosto tratando de prestar la asistencia más inmediata a las miles de personas que luchan por sobrevivir sin comida ni techo. 

Muchos medios de comunicación han tratado de centrar la atención estos días en el hecho de que los niños ceutíes –los nuestros, los que tienen papeles– han pasado un verano especialmente triste y el comienzo del curso tampoco está siendo fácil: en algunos colegios se han tenido que adoptar medidas de seguridad y las familias no permiten a sus hijos transitar solos por la calle. No pretendo minimizar el miedo o la frustración que puedan estar sintiendo esos críos: ni lo merecen, ni me es indiferente, ni está justificado. Pero esos niños –los nuestros, los que tienen papeles– no han quedado abandonados a su suerte, a merced de agresiones, abusos, violaciones o incluso una desaparición forzada, como si fueran cucarachas. Nuestros niños, los que tienen papeles, se han criado –la mayoría, aunque por desgracia hay excepciones– con un familia que vela de forma permanente por su bienestar, que los escolariza y les da la paga cuando sacan buenas notas; que puede comprarles ropa cuando lo necesitan; una familia que los apunta a extraescolares para que descubran nuevas aficiones; que los lleva al........

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