La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos, adolece hoy de una crisis profunda que ha desgastado su propia institucionalidad.  No legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia, ni representa genuinamente los intereses de la sociedad.

Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Poder Legislativo en una instancia subordinada, cuyo mandato era aprobar leyes sin análisis, debate ni responsabilidad. Modificando leyes y reglamentos, limitó sus prerrogativas y precarizó la función parlamentaria hasta desnaturalizar su rol dentro del Estado.

El primer síntoma de la crisis son sus resultados. Según los propios datos de la ALP actualmente tiene en tratamiento 984 Proyectos de Ley. En casi siete meses de gestión logró sancionar solo 47 leyes. En 2024, sobre 945 proyectos de ley que estaban pendientes en ambas cámaras, únicamente 90 fueron sancionados. Más del 50% de los proyectos en tratamiento son intrascendentes, ajenos al interés nacional o incluso regresivos. Hay decenas de Proyectos de Ley sobre transferencias de lotes de terreno y delimitaciones territoriales, así como declaratorias de patrimonio cultural al pan de Laja, la Morenada la Aromeñita, el picante de pollo,........

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