Bolivia nuevamente se encuentra frente a una grave crisis política y social que tendrá profundas y muy negativas consecuencias económicas. El nuevo gobierno se encuentra asediado por los bloqueos de caminos y las marchas en la sede del Gobierno que atentan contra la seguridad y la salud de quienes habitan el área metropolitana La Paz-El Alto, y no encuentra la salida a la situación frente al temor de generar una ola de violencia que se pueda descontrolar.

En estas circunstancias, se reactivan todos los ejes que nos dividen a los bolivianos, las áreas urbanas frente a las áreas rurales, el occidente frente al oriente, indígenas versus mestizos, y un largo etcétera que pone nuevamente en duda nuestra capacidad de convivir como nación y nuestra viabilidad como país.

Aparecen muchos tratando de justificar las reacciones de los sectores movilizados como un derecho por sentirse excluidos del poder después de veinte años de ser parte de este; o por sentirse engañados por el nuevo gobierno que se eligió con sus votos y procura gobernar con un programa distinto; que no se ven reflejados en el gabinete; y una serie de otros argumentos para justificar las movilizaciones y su violencia.

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