El gobierno de Rodrigo Paz aplicó una decisión económica que debe analizarse por el precio del combustible y por la forma en que fue comunicada. Primero apareció el anuncio de un diésel de Bs 18 para grandes consumidores y, cuando todavía se esperaba que el ajuste general llegara en enero de 2027, el Decreto Supremo 5716, del 18 de septiembre, llevó el precio a Bs 17,95 para todos. La sorpresa amplificó el impacto.

El incremento desde Bs 9,80 hasta Bs 17,95 representa alrededor de 83%. No es una modificación menor, sino un shock sobre un insumo transversal. El nuevo esquema incorpora el Precio de Paridad de Importación y una banda vinculada al mercado internacional. El precio deja de ser solamente una decisión interna y queda más expuesto a variaciones externas. Puede corregir distorsiones, pero también introduce incertidumbre económica.

Lo llamativo ocurrió después. En un país acostumbrado a responder con bloqueos, marchas y paros frente a los combustibles, inicialmente no apareció una movilización nacional de la magnitud esperada. Esto no implica aceptación. Puede existir cansancio social, temor al costo económico, fragmentación de intereses o espera de resultados. La reacción todavía está en construcción y sería prematuro confundir silencio con conformidad social.

Bolivia viene de una conflictividad excepcional. Entre mayo y junio se registraron 53 días de bloqueos, con efectos sobre circulación y actividad económica. La Defensoría documentó afectaciones a derechos fundamentales, mientras el Gobierno estimó pérdidas superiores a Bs 14.000........

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