El Gobierno acaba de dar un paso importante al abrogar el Decreto Supremo 4566 y sustituirlo por el 5688, referido a la enseñanza y certificación de los idiomas oficiales del Estado.

Es una buena noticia. La Constitución establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales. La obligación, por tanto, no nace de estos decretos. El problema estaba en la manera en que esa disposición constitucional fue llevada a la práctica.

El Decreto 4566 creó el Certificado Único de Idiomas Oficiales y estableció un sistema que resultó engorroso para muchos servidores públicos. Aunque en lo jurídico la certificación no dependía exclusivamente de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el procedimiento terminó siendo burocrático y poco amigable para quienes debían cumplirlo.

El nuevo decreto mejora sustancialmente ese esquema. Amplía las instituciones........

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