El presidente Rodrigo Paz Pereira juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025. Desde entonces, han transcurrido cuatro meses y un día y, aunque formalmente se ha marcado un cambio de gobierno, los hechos apuntan hacia otro lado.

El nuevo tiempo político no puede limitarse a un relevo de nombres en la cima. Si el país atraviesa una etapa de reconstrucción —económica, institucional y moral— esa tarea comienza por abrir ventanas, dejar entrar luz y revisar con rigor las herencias recibidas. No para perseguir, sino para ordenar.

Más allá de los nombres en cargos clave, aquellos que son considerados de alta confianza de cualquier gobierno, ¿qué más ha cambiado?

Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer: se cambió a las cabezas, pero se dejó a los demás. El resultado es una acción de sabotaje a tanques contenedores de combustible que han causado daños en cientos de automóviles en el país. Los damnificados exigen que el gobierno les reponga los daños causados así que el sentimiento de malestar crece. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?.. despedir a menos de medio millar de trabajadores, sin informar quiénes son considerados responsables del sabotaje.

A estas alturas, es desconcertante la actitud del gobierno.

Tratándose de sectores estratégicos, como el de la administración de los carburantes, se niega a ejecutar cambios, o lo hace por partes. Cuando se le pregunta por qué no ha cambiado a la gente que ingresó con Evo Morales o Luis Arce, responde que es difícil hacerlo, y exhibe impedimentos legales, pero existen sectores en los que se está aplicando masacres blancas sin ningún tipo de consideraciones.

El diario CORREO DEL SUR ha informado que existen despidos en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y estos son ejecutados con la normativa que dejaron evistas y arcistas, así que los criterios de alejamiento de personal son altamente injustos. En estos casos, nadie justifica nada y simplemente se ejecuta los despidos. La ley del embudo, como tal, es ancha para unos y angosta para otros.   

El fondo de pensiones, que supera los 29.500 millones de dólares, es el mayor patrimonio colectivo de la historia económica boliviana. Que no exista actualización pública de su cartera desde hace meses es un dato que erosiona credibilidad. La transparencia no es un gesto hacia la prensa: es un deber hacia 2,7 millones de aportantes.

En procesos de transición, las designaciones son el primer mensaje político. No solo importa la hoja de vida, sino la señal institucional que se envía.

Cuando directores, gerentes y reguladores provienen de redes estrechamente vinculadas al poder anterior —o del mismo sector que deben supervisar— se activa un debate legítimo sobre independencia y puertas giratorias. Puede que no exista ilegalidad; pero la reconstrucción exige algo más que legalidad mínima. Exige prudencia, evaluación de conflictos de interés y, sobre todo, concursos transparentes con procedimientos públicos.

Un gobierno que ha prometido que los ahorros previsionales son “sagrados” debe extremar el cuidado en la elección de quienes los administran y supervisan. 

Revisar directorios, publicar instrumentos jurídicos de designación, transparentar informes regulatorios o fijar plazos para auditorías no equivale a paralizar la gestión. Al contrario: fortalece la legitimidad de las decisiones futuras.

Tras comenzar con buenos augurios, la administración de Rodrigo Paz muestra fisuras que mueven a pensar que, por el momento, se ha cambiado nombres, pero se mantiene el esquema del anterior gobierno.

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