En la siguiente columna su autor indica que entre las mineras beneficiadas están Quiborax y Cosayach, ligadas a las familias Fosk y Errázuriz, ambas con negro historial ambiental y autorizaciones en curso sin licitación para explotar litio en los salares Ascotán y Coipasa. Por el lado de las pesqueras hay cinco empresas beneficiadas, ligadas a las familias Angelini, Fernández y Del Río, mientras financiaban ilegalmente a políticos para pautear una Ley de Pesca que aún sigue vigente.

Créditos imagen de portada: foto referencial / Salvador Pedrini/ Agencia Uno

En los primeros dos capítulos de esta investigación se expuso a las empresas salmoneras que recibieron $28.598 millones en subsidios a la mano de obra en zonas extremas mientras infringieron derechos laborales (ver Subsidios a la mano de obra parte I), y cómo 13 de estas empresas debieron devolver $183 millones a la Tesorería General de la República por acceder ilegalmente al beneficio, a pesar de lo cual dicho organismo no denunció el posible fraude al fisco como lo exige la ley (ver Subsidios a la mano de obra parte II). 

En este tercer capítulo se exponen un conjunto de empresas mineras y pesqueras que, en total, recibieron $6.717 millones en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023, aun cuando el artículo 1 de la Ley N°19.853 excluye de forma explícita del beneficio a estas actividades extractivas por tener contratados a más de 100 trabajadores directa o indirectamente -en el caso de las mineras- y por dedicarse a la pesca reductiva, que consiste en producir subproductos como aceite y harina en base a la extracción de peces y krill -en el caso de las pesqueras-, condiciones con las que cuentan todas estas empresas.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la TGR obtenidos por Ley de Transparencia.

Según la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII), las mineras Quiborax, ACF Nitratos e IMERYS Minerales, solo por la vía de contratación directa registraron más de 100 trabajadores durante periodos en que recibieron subsidios a la mano de obra (ver gráficos).

A esto habría que sumar una cantidad indeterminada de trabajadores subcontratados en una industria con altos niveles de externalización, pero difícil de determinar con exactitud por la ausencia de datos de acceso público en la materia.

1) Quiborax S.A. – Familia Fosk

Es por lejos la más beneficiada. Recibió $3.575 millones en subsidios a la mano de obra entre 2004 y 2023 para cubrir el equivalente al 17% de un total de 107 mil salarios, pese a registrar en todos los años una cantidad mucho mayor a 100 trabajadores contratados directamente (ver gráfico), por lo cual nunca debió ser beneficiada con estos recursos públicos.

Fuente: Datos disponibles en el Servicio de Impuestos Internos.

Quiborax pertenece a la familia Fosk -quienes también son dueños de la pesquera Landes- y su actividad consiste en extraer ulexita para producir ácido bórico que luego es usado como fertilizante.  

La empresa concentra su actividad en los yacimientos ubicados en el Salar de Surire en la región de Arica y Parinacota, y también en el salar de Ascotán en la región de Tarapacá. En este último, mantiene una solicitud de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) junto a Codelco, la cual ya cuenta con consulta indígena finalizada, proceso que se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio y que ha sido cuestionado por no incluir una licitación pública.

Esta alianza público-privada se dio a pesar de que Quiborax mantenía una demanda del Consejo de Defensa del Estado por 37 años de daño ambiental irreparable en el Salar de Surire, además de una denuncia de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por eludir la evaluación ambiental en una zona que fue declarada Monumento Natural en 1983 por ser uno de los principales sitios en América del Sur para la reproducción de tres especies de flamenco y que, de acuerdo a la Convención de Washington -ratificado por Chile en 1967-, no se pueden realizar actividades productivas.

Según constató una investigación de CIPER y Mongabay, Quiborax contó con ayuda de la CONAF de Arica durante el segundo gobierno de Piñera, bajo la gestión de Héctor Peñaranda, para flexibilizar las restricciones establecidas en los permisos ambientales y así poder extraer mineral desde zonas restringidas, generando serios efectos sobre el ecosistema. Esas gestiones incluyeron documentos de CONAF elaborados por Quiborax.

Desde septiembre de 2024 que el Primer Tribunal Ambiental mantiene restricciones a las operaciones de Quiborax como parte de medidas cautelares ante el daño ambiental del Salar de Surire.

2) ACF Nitratos S.A. – familia De Urruticoechea

Recibió $441 millones en subsidios entre 2004 y 2023 para cubrir el 17% de 13.831 salarios para extraer........

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