Los autores de esta columna sostienen que el escándalo de los vuelos chárter con niños haitianos hacia Chile no debe leerse como un caso aislado de irregularidad, sino como la consecuencia directa de años de políticas migratorias cada vez más restrictivas que dificultaron la reunificación familiar por vías regulares. A partir de una investigación con 625 inmigrantes, incluidos 157 haitianos, argumentan que fueron las propias familias las que financiaron estos vuelos como una de las últimas rutas legales disponibles para reencontrarse con sus hijos.

Imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno

El 15 de junio de 2026 se hizo público un informe preliminar de la Contraloría General de la República que destacaba irregularidades y una falta de coordinación entre organismos del Estado en relación con la llegada de 105 niños y niñas haitianos a Chile durante 2025. Los niños llegaron en el marco de procesos oficiales de reunificación familiar, en vuelos chárter, a veces con 20 o más niños a cargo de un solo adulto responsable.

Después de que el informe comenzara a circular, autoridades y medios de comunicación afirmaron que no podían dar con el paradero de 64 de estos niños, niñas y adolescentes, sugiriendo incluso que podrían haber sido víctimas de tráfico de personas o de órganos. Sin embargo, en pocos días diferentes municipalidades informaron que todos habían sido ubicados, con estatus migratorio regular e ingresados al sistema de salud y educación del país.

Pero ¿por qué tuvieron que llegar a Chile en vuelos chárter? 

Nuestra investigación académica, que incluye la realización de encuestas y entrevistas a 625 inmigrantes— incluyendo 157 haitianos—demuestra que la respuesta no comienza con los vuelos chárter, sino con años de políticas migratorias cada vez más restrictivas que han dificultado la migración regular y ordenada de las personas haitianas. Estas políticas han complejizado los procesos de reunificación familiar y generado precisamente las condiciones de vulnerabilidad que quedaron en evidencia en el informe de la Contraloría. 

Cuando comenzó el aumento significativo de la migración haitiana en 2015, Chile permitía a los haitianos ingresar como turistas y luego regularizar su residencia mediante un contrato de trabajo. Sin embargo, desde 2018 el Estado implementó visas específicas para la población haitiana que obligan a obtener autorización previa a viajar. Además, se incorporaron nuevos requisitos, como un certificado que avala no tener antecedentes penales, que resultan extremadamente difíciles, si no imposibles, de obtener debido a la crisis política que atraviesa Haití. A esto se sumaron largos tiempos de espera, producto del rezago institucional del entonces Departamento de Extranjería y Migración y, posteriormente, del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

El resultado ha sido que migrar con regularidad........

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