La primera Cuenta Pública del Presidente Kast plantea una agenda ambiciosa de modernización estatal basada en austeridad, control del gasto y digitalización. Sin embargo, los autores de esta columna advierten que varias de las reformas anunciadas siguen siendo solo intenciones y que persiste una tensión no resuelta entre reducir el tamaño del Estado y fortalecer sus capacidades. Sostienen que «si estos anuncios logran transformarse en políticas públicas concretas, el Ejecutivo deberá demostrar, con evidencia y resultados verificables, que es posible incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos sin introducir modificaciones sustantivas al sistema de reglas e incentivos que hoy estructura el empleo público».

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast ofrece, en materia de modernización del Estado, un diagnóstico vigoroso y un conjunto de medidas que conviene tomar en serio antes de celebrarlas o descartarlas. El problema no está en la mayoría de sus anuncios aislados, de hecho varios son razonables e incluso necesarios, sino en la premisa que los ordena. Esa premisa aparece temprano y opera como columna vertebral de todo el discurso. De acuerdo al Presidente Kast, “se nos quiso convencer de que un Estado más grande era automáticamente un mejor Estado… El Estado creció, pero perdió eficacia”. La frase es retóricamente eficaz, pero esconde un deslizamiento conceptual que merece escrutinio. A lo largo del discurso, modernizar (aumentar capacidad, profesionalizar, digitalizar, coordinar) y reducir (menos ministerios, menos gasto, menos trámites) se usan como sinónimos. No lo son. Y de esa equivalencia dependen tanto las fortalezas como las debilidades de la propuesta.

Empecemos por lo que está bien encaminado. El énfasis en probidad y control del gasto es el eje más sólido. El Plan de Inspección Total (más de 500 servicios revisados, alrededor de mil auditores, uso de inteligencia artificial para detectar anomalías), responde a un déficit real de control interno en el aparato público chileno, que durante años ha descansado de manera casi exclusiva en una Contraloría sobreexigida. Institucionalizar un Servicio de Auditoría Interna robusto, como anuncia el Gobierno, apunta en la dirección correcta: el control ex post centralizado es necesario, pero insuficiente sin capas de control de gestión distribuidas. Lo mismo cabe decir del impulso a la Transparencia 2.0, una reforma que, como el........

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