El autor de esta columna sostiene que el debate sobre la delincuencia juvenil se ha concentrado en endurecer las penas para adolescentes, mientras problemas como la violencia que sufren los propios jóvenes, la salud mental y la deserción escolar reciben mucha menos atención, pese a que la evidencia sugiere que allí están los principales desafíos. Concluye que “aunque el número total de adolescentes infractores baja, los casos que persisten se concentran en un grupo más pequeño y se vuelven más violentos. Ese núcleo existe y hay que abordarlo. El punto es que la respuesta a ese grupo acotado no puede consumir la energía política que se debería destinar a proteger a la enorme mayoría de adolescentes que no delinquen, pero que sí mueren por violencia ajena o por sus propias manos, y que siguen esperando una escuela y un sistema de salud mental que los reciban de vuelta”.

Imagen de portada: Agencia Uno

Hace pocas semanas, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide al Presidente José Antonio Kast dar urgencia a un proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal adolescente de 14 a 13 años, y endurecer las penas a los adolescentes de 16 y 17 años reincidentes o que cometen delitos graves. Se aprobó con 77 votos a favor y 40 en contra, días después del homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, caso por el que detuvieron a un grupo de adolescentes. Poco después, el Senado aprobó en general un proyecto impulsado por el Gobierno para que los mayores de 16 años sean juzgados como adultos en delitos graves como homicidio o violación.

Es una reacción comprensible frente a un hecho atroz, pero vale la pena mirar los números tras la indignación. En Brasil, de las medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes por infringir la ley, el homicidio explica apenas 4,1% de los casos. Más del 60% son delitos contra la propiedad, hurtos y robos. En Chile, los ingresos a programas de responsabilidad penal........

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