Los autores de esta columna analizan de manera crítica el impacto del millonario recorte presupuestario a la salud pública y a la Atención Primaria por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, exponen cómo la posterior respuesta policial y represiva del gobierno ante las manifestaciones gremiales refleja una preocupante contradicción ética que pone en riesgo el debate democrático y precariza el bienestar de pacientes y trabajadores sanitarios. Sostienen que «

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

“Ahorrar en prevención, salud mental o cuidados paliativos no reduce la demanda de salud, solo la traslada a etapas más graves, más caras y más difíciles de resolver”. Esa fue la advertencia de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam). La respuesta del gobierno fueron carros lanzaaguas y represión.

Lo ocurrido hace unos días es inaceptable. Funcionarios de la salud pública salieron a las calles a pedir algo que no debería requerir movilización alguna: atención digna para sus pacientes y condiciones seguras para ejercer su labor. La respuesta del gobierno fueron carros lanzaaguas, gas pimienta y ocho detenidos, entre ellos dirigentes nacionales. ¿Cómo es posible que un llamado a conversar termine resuelto a bombas lacrimógenas? La Confusam no llegó a La Moneda a tomarse un palacio: llegó a entregar una carta.

Este episodio de violencia nos deja ver una contradicción de fondo que amenaza con transformarse en el sello identitario de esta gestión y que nos obliga a preguntarnos si la tónica definitiva de este gobierno será asfixiar financieramente las áreas más críticas del bienestar social y, acto seguido responder con represión a aquellos gremios y........

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