La heterodoxia a la que Sánchez ha sometido la práctica política en España en los últimos ocho años le ha convertido en un auténtico chamán de la materia presupuestaria. Puede gobernar con un Presupuesto propio, se ciña a su cumplimiento ulterior o no; puede funcionar con uno hecho por sus adversarios políticos, como cuando abrazó con entusiasmo el de 2018 elaborado por el PP y que el PSOE rechazó con vehemencia; y puede desenvolverse hasta una legislatura completa sin ni siquiera presentar un proyecto de cuentas públicas. Pero puede también esgrimir un Presupuesto como arma de doble filo: para 2027 quiere llevar un proyecto al Congreso antes de octubre, y pretende utilizarlo en su beneficio político tanto si el Congreso lo valida como si no lo hace.

Con Presupuesto, el año próximo arrancaría con el gasto más expansivo de la historia para buscar ventaja política en un inaplazable año electoral; con No Presupuesto, tendrá el presidente del Gobierno la perfecta excusa para anticipar unos meses los comicios y esquivar la causa verdadera que le ha desnudado parlamentariamente, sin perder por ello la eficacia como señuelo electoral, como capote y muleta discursivas con los que estimular adhesiones políticas.

Lo cierto es que la ley de Presupuestos ha sido siempre cosa seria en la política nacional, funcionando como auténtico motor de la vida política y económica, así como principal herramienta uncidora de legitimidad de los gobiernos. Pero ha sido en los últimos años tan manoseada y violentada que ha perdido buena parte de sus propiedades legitimadoras para la política y terapéuticas para la economía. Sigue decidiendo los ingresos públicos por valor del 43% de la producción nacional, y los gastos por el 45% de la misma, y debería ser de obligado cumplimiento su aprobación en las Cortes para evitar que los impuestos fuesen una expropiación sin soporte legal y los gastos........

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