La prueba fehaciente de que una iniciativa política va en serio la marca el grado de implicación que Hacienda haya asumido en el contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la aprobación de medidas fiscales para apoyar el cumplimiento de los objetivos fijados. Por esta razón, y ante la ausencia de medidas fiscales activas y directas, se generan dudas de que el compromiso del Gobierno con la transición energética sea firme....

Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS

La fiscalidad es el principal instrumento para desarrollar iniciativas en la política pública, como vehículo para recaudar fondos y poder cubrir las necesidades presupuestarias de los servicios y compromisos públicos, como elemento básico para la introducción de la componente de redistribución y, por último, por la señal precio diferencial entre opciones para cambiar modelos de consumo y favorecer o frenar iniciativas que vayan a favor o en contra de las políticas fijadas.

Si analizamos la política fiscal en lo que se refiere a la transición energética, podemos observar cómo el elemento recaudatorio es el único que prevalece, dejando al margen los objetivos de redistribución, al no reducir la carga fiscal sobre un consumo energético mínimo vital, o que la apuesta por la electrificación no cuente para su desarrollo con el apoyo de una política fiscal ad hoc que desgrave la generación y el consumo de electricidad de origen renovable y grave las actividades ligadas al consumo de combustibles fósiles.

El tratamiento fiscal, tanto de impuestos indirectos como directos, a la generación y consumo........

© Cinco Días