El conflicto en Oriente Próximo ha desatado el precio del petróleo, como ya pasó con la invasión de Ucrania, y, aunque tenemos un vicepresidente primero y ministro de Economía diferente (Carlos Cuerpo ha sustituido a Nadia Calviño), vuelven las mismas recetas ideológicas: un impuesto especial a las energéticas. De los bancos aún no han dicho nada, porque sigue vigente una tasa especial y el BCE ha aplazado la subida de los tipos de interés hasta junio, en espera de que antes acabe la guerra y comience la retirada de la marea inflacionista.

Estos impuestos sacaron a la luz en 2022 la versión más populista de Pedro Sánchez, cuya habilidad en el marketing político está fuera de cuestión. La argumentación económica para imponerlos es muy endeble: se sustenta en la generación de beneficios extraordinarios como consecuencia de la subida del precio del petróleo y de los tipos de interés, sin reparar en otras consecuencias que tiene el encarecimiento del precio del crudo y del dinero en las propias compañías. Esta misma semana, el presidente de CaixaBank, el banco más grande en España, anunciaba que la demanda de crédito se está ralentizando por la guerra en Irán. Si el Gobierno no se lo cree, que pregunte al representante que tiene en el consejo de la entidad.

En los últimos días han presentado resultados del primer trimestre las dos petroleras españolas: Repsol y Moeve. Ambas han comunicado un crecimiento importante de sus beneficios, que puede ser mayor en el segundo trimestre como consecuencia del aumento del precio del barril de petróleo. Esta evolución se debe a un aumento que tiene un componente cosmético enorme: es pura contabilidad, no es que esté entrando dinero a paladas........

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