La falta de una mayoría parlamentaria y la ausencia de presupuestos tienen muchas consecuencias, entre otras la descoordinación e improvisación alrededor de la política industrial del Gobierno de Pedro Sánchez. La saturación de la red eléctrica está impidiendo la instalación de industrias en algunos territorios. No hay un plan nacional para la implantación de centros de datos, muy intensivos en el consumo de energía. La multiplicación del gasto e inversión del Estado en defensa se está haciendo sin un diseño estratégico, de ahí los conflictos. Son solo algunos ejemplos.

El Gobierno es plenamente consciente y por eso aprobó en diciembre de 2024 un proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sustituye a la vigente de 1992. Pero la propuesta sigue en el limbo, como tantas otras, debido a que el Gobierno no logra la mayoría para sacarla adelante. De hecho, este proyecto forma parte del catálogo de 24 proyectos de ley que Junts dijo en noviembre pasado que iba a bloquear, y por eso ha entrado en proceso de eterna prórroga de enmiendas.

Esta norma propone la creación del Consejo Estatal de Política Industrial, cuyas funciones serían “la participación en la elaboración de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica; la coordinación de acciones de la Administración General del Estado en el desarrollo del Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica; emitir dictámenes sobre propuestas normativas; e informar las propuestas de mejora de procesos administrativos relacionados con la industria, entre otras”. Este........

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