Lo dijimos aquí el 22 de febrero de este año y lo reiteramos dos meses después: la petición de Canarias de tener participación en la ... toma de decisiones del ente aeroportuario Aena no es un capricho político, sino que está amparada en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. Transcurridos ocho años de su entrada en vigor, esa cogestión es una asignatura pendiente que debe quedar aprobada con la mayor urgencia.

El derecho está, por tanto, del lado de Canarias. El sentido común, también. No hay más que mirar el mapa para darse cuenta de la trascendencia de la conectividad aérea y marítima para un territorio alejado del continente europeo y fragmentado, como es el caso de Canarias. Sin embargo, sí se ha dado una respuesta exitosa a esa necesidad en el ámbito marítimo, con la figura de las autoridades portuarias, mientras que en el transporte aéreo las islas siguen esperando una solución. Cuesta entender que el Gobierno central acepte que en los órganos de gobierno de los puertos del Estado estén sentados, con voz y voto, el Gobierno canario, los cabildos y ayuntamientos, el sector empresarial y los trabajadores, y que en el gesto aeroportuario no pueda estar presente la Comunidad Autónoma para dar su opinión sobre decisiones que afectan directamente a la conectividad con las islas. El Gobierno regional, que cuenta en esta demanda con el apoyo del sector empresarial y del conjunto de la sociedad, no quiere estar en Aena para mermar la competitividad de aeropuertos peninsulares, sino para garantizar que ese ente no tome decisiones que puedan perjudicar a los canarios a la hora de desplazarse al exterior o a peninsulares y extranjeros al hacerlo al archipiélago. El ejemplo de ello lo tenemos en la última subida de tasas, que se ha tomado sin atender las singularidades del archipiélago.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, dio esta semana un portazo a las peticiones isleñas. Lo hizo en el marco de la Junta de Accionistas y lo aderezó con un discurso y un tono impropios de quien tiene en el accionariado al Estado. Y tampoco se entiende que el ministro Óscar Puente, en lugar de atender lo que pide Canarias, haya exhibido en el Congreso un centralismo impropio de los tiempos que corren.

Canarias no quiere perjudicar a los accionistas privados de Aena, pero tampoco puede consentir una gestión que sea lesiva para los canarios. Si el presidente de Aena no lo entiende, es que no está a la altura del cargo que ostenta.

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