Tras casi tres años de legislatura puede analizarse con numerosos hechos y datos la actuación del Gobierno de Canarias de CC y PP. Y evaluarse lo que ha realizado o dejado de realizar desde su llegada, en el verano de 2023, hasta hoy. Sus decisiones en torno a los servicios públicos, vivienda, territorio y medio ambiente, empleo, fiscalidad… y sus consecuencias para la ciudadanía de las Islas. En ese sentido, el Gobierno de las dos derechas es transparente en su constante defensa de las minorías más poderosas y adineradas, en su nula preocupación por el territorio y el medio ambiente, en su poco disimulado desarrollismo o en su regresiva fiscalidad. En definitiva, en su clara orientación conservadora en lo político, en lo económico y en lo ideológico.

 Una orientación conservadora que mostró desde el momento de su toma de posesión. Junto al incumplimiento de su gran promesa electoral (reducir el IGIC), su estreno, su primer decreto ley en septiembre de 2023, con carácter de urgencia, fue para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo, por tanto, a una pequeña minoría de no más del 0,3% de la población que se ahorrarán 180 millones de euros en esta legislatura.

 Luego vendrían otras decisiones fiscales en la misma línea de beneficiar a unos pocos. Entre ellas, eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para las rentas menores de 30.000 euros, una significativa medida de alivio frente a la inflación, tanto en términos de beneficio fiscal para las familias de rentas bajas como por la cantidad de contribuyentes afectados.

 Otras actuaciones regresivas socialmente son sacar cien millones de emisión de deuda pública (que Canarias no precisa) para que los que no pudieron materializar la Reserva de Inversiones (RIC) en tiempo y forma no paguen impuestos y encima puedan obtener beneficios; una modificación puntual del REF para permitir que la Reserva se........

© Canarias Ahora