La justicia tarda; la sospecha no. Y en ese desfase se consuma una de las mayores deformaciones del Estado de Derecho: el castigo social suele adelantarse al pronunciamiento judicial. Basta una filtración, un informe o un titular para que alguien quede condenado en la plaza pública antes de haber sido juzgado.

La ley es rotunda, pero la realidad no la obedece. La presunción de inocencia obliga a tratar como inocente a toda persona mientras un juez no diga lo contrario. No es una cortesía jurídica, ni una fórmula de manual, ni una cláusula para adornar sentencias. Es una garantía básica del Estado de Derecho. Sin embargo, basta con que un nombre aparezca en un informe policial, en una filtración o en un titular para que esa garantía se quiebre ante los ojos de todos.

Ese es el corazón del problema: la justicia avanza despacio, pero la sospecha corre. Y cuando corre, arrasa. Lo hace con la reputación, con la vida profesional, con la tranquilidad familiar y, en el caso de quien ejerce responsabilidades públicas, con su credibilidad. La absolución puede tardar años; el castigo reputacional llega en una mañana. El archivo judicial ocupa unas líneas; la acusación inicial abre portadas, tertulias y conversaciones de café. Esa desproporción, repetida una y otra vez, no es un daño colateral del sistema: es una de sus mayores disfunciones.

Conviene recordar algo elemental: en un Estado de Derecho no decide la policía, aunque en........

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