En el debate público actual, el uso del lenguaje no es una cuestión meramente semántica o accesoria; es el reflejo del respeto al pacto constitucional de convivencia y de la arquitectura jurídica que sostiene el Estado de las Autonomías. A menudo, escuchamos a responsables políticos, periodistas y analistas referirse a Canarias como una “región”. Sin embargo, este término, aplicado al archipiélago, no solo es técnicamente impreciso, sino que ignora la realidad jurídica y política consagrada en su norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía, y en la propia Constitución Española.

El sistema de organización territorial se fundamenta en el principio de pluralidad que el constituyente de 1978 quiso dejar claro desde el primer momento. El artículo 2 de la Constitución, nos guste o no -en un sentido o en el otro-, establece el punto de partida de este modelo: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Este precepto no utiliza........

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