Hay cosas que un ciudadano nunca debería temer. Y una de ellas es abrir el buzón y encontrarse una multa por usar su propia vivienda.

Pero eso está ocurriendo en Canarias.

Cada vez son más las personas que reciben notificaciones de sanción por vivir en su casa, utilizarla como segunda residencia o alquilarla de forma particular dentro de complejos ubicados en zonas turísticas. Y detrás de cada sanción no hay grandes cadenas hoteleras ni fondos de inversión. Hay personas normales: jubilados, familias, trabajadores. Gente que compró una vivienda con el esfuerzo de toda una vida.

Hablamos de viviendas escrituradas como tales, con división horizontal, privadas, registradas y, en muchísimos casos, situadas en suelo mixto, donde durante décadas convivieron sin conflicto el uso residencial y la actividad turística.

Esa ha sido la realidad cotidiana de Canarias durante años.

Sin embargo, sobre esa realidad se ha impuesto el llamado principio de unidad de explotación: un sistema que obliga a que todo el complejo funcione bajo un único explotador turístico y que limita la capacidad de cada propietario, de gente normal, para decidir cómo utiliza su vivienda.

Y ahí es donde empieza el choque entre la norma y la vida real de un canario.

Porque cuando una persona decide vivir en su casa, pasar temporadas en ella o alquilarla por su cuenta, puede acabar sancionada. Así de simple.

No es un debate filosófico. No es una discusión jurídica. Es una carta certificada. Una........

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