Hay una contradicción difícil de explicar en la política de vivienda del actual Gobierno de Canarias.

Mientras denuncia, con razón, que decenas de familias sean desahuciadas de sus casas por no poder pagar el alquiler o porque el propietario no quiere renovarles el contrato, hay miles de familias que pueden verse obligadas a abandonar la vivienda que compraron y en la que llevan años viviendo.

La diferencia es que, en este segundo caso, no hay un propietario reclamando la vivienda, ni una deuda de alquiler, ni una orden judicial. Es el propio Gobierno de Canarias el que cambia las condiciones de uso de esas viviendas y coloca a sus propietarios ante una disyuntiva inaceptable: abandonar la casa en la que viven o exponerse a ser sancionados por seguir utilizándola.

Hablamos de personas que compraron esas propiedades hace décadas. Algunas lo hicieron con los ahorros de toda una vida; otras las heredaron de sus padres. Muchas las utilizaron durante años como vivienda habitual o segunda residencia, cuando nada les impedía hacerlo.

Las compraron, las escrituraron y las inscribieron en el Registro de la Propiedad, libres de cargas y sin limitación de usos.

Ahora, décadas después, el........

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