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La presunción de inocencia, rehén del ruido

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09.11.2026

De este asunto, de singular relevancia para los derechos de las personas, tuve ocasión de debatir en el último pleno del Cabildo de Gran Canaria mientras se me interpelaba sobre una denuncia presentada contra los organizadores de las Jornadas del Paisaje y las peticiones de penas realizadas por parte de la fiscalía. Me pereció necesario trasladar mi visión a las personar que me leen cada semana.

Pocas expresiones se repiten tanto en tribunas parlamentarias, editoriales y tertulias como la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Se invocan con solemnidad, casi como un ritual. Pero esa invocación se desvanece en cuanto una persona es investigada, citada a declarar o señalada en un escrito de acusación por un fiscal. Desde ese momento deja de ser un ciudadano o ciudadana con derechos y pasa a ser un culpable mediático. Su nombre queda unido al delito mucho antes de que un juez haya escuchado a las partes, valorado las pruebas y dictado sentencia y muchas veces también la duda se queda instalada para siempre. Puse los ejemplos de Carmelo Padrón, Pedro Quevedo, Carlos Sánchez o Fernando Clavijo, todos ellos sometidos a un calvario judicial y a un juicio mediático durante un largo tiempo y luego absueltos.

La presunción de inocencia no es una cortesía procesal ni un tecnicismo para abogados. Es una de las grandes conquistas de la civilización jurídica moderna. En 1764, Cesare Beccaria la formuló con claridad en De los delitos y de las penas: “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida”. Hasta entonces, la sospecha bastaba para justificar el tormento, y el acusado tenía que demostrar su inocencia ante un poder que ya lo había condenado de antemano.

Aquella intuición ilustrada se convirtió en derecho positivo. La recogen el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 24.2 de nuestra Constitución, que la sitúa entre los derechos fundamentales protegidos al máximo nivel. Luigi Ferrajoli,........

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