La defensa del narco confeso uruguayo, Sebastián Marset, acusó ante la Corte del Distrito Este de Virginia que la Administración para el Control de Drogas (DEA) realizó “espionaje” en Bolivia sin autorización judicial, en un planteamiento que, según los abogados, vulnera la soberanía del país, informó el periodista Marcelo Paredes Rojas con base en documentos del expediente.

De acuerdo con la presentación, los abogados sostienen que el rastreo de teléfonos en territorio boliviano se realizó mediante métodos de vigilancia electrónica y solicitan la exclusión de la evidencia obtenida bajo la doctrina del “árbol envenenado”.

El planteamiento se produce en un contexto en el que la normativa boliviana exige orden judicial para interceptaciones y en el que sigue vigente el decreto de 2008 que dispuso la expulsión de la DEA del país, lo que limita su actuación directa en territorio nacional.

La acción legal traslada el foco hacia Bolivia y abre un cuestionamiento sobre las condiciones en las que se desarrollaron las operaciones vinculadas al caso en Santa Cruz. Si el tribunal estadounidense requiere información sobre esos procedimientos, el Estado boliviano deberá explicar cómo se ejecutaron estas acciones en su territorio.

El caso sitúa en el centro del debate la soberanía nacional frente a actividades de inteligencia extranjeras y el cumplimiento de la legislación boliviana.

Hasta el momento, ni el Gobierno boliviano ni autoridades estadounidenses se han pronunciado sobre el contenido de la acción legal.

Fuente: Marcelo Paredes Rojas, periodista y analista en seguridad, con base en documentos del expediente judicial.

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