La Paz/Santa Cruz.– La propuesta de redistribución de recursos “50/50” impulsada por el presidente Rodrigo Paz derivó en un conflicto político con líderes de Santa Cruz luego de que la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmara que su implementación podría tomar “tres días, cinco semanas o diez años”.

La declaración se produjo horas después de que Paz anunciara en Santa Cruz el inicio de la “primera fase técnica” del plan y la conformación de mesas sectoriales para avanzar en la redistribución fiscal entre el nivel central y las regiones.

El mandatario indicó que el proceso incluirá a las autoridades subnacionales que serán electas el 22 de marzo y anticipó la revisión de normas que, según dijo, limitan las autonomías.

“El 50/50 no es una consigna, es una decisión estructural”, sostuvo el presidente al presentar la iniciativa como una reforma que implicará corresponsabilidad fiscal entre los distintos niveles de gobierno.

Tras la reunión, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que el compromiso asumido prevé que la redistribución entre en vigencia desde 2027.

Las declaraciones posteriores de Barrientos fueron cuestionadas por dirigentes cívicos cruceños, que interpretaron sus palabras como una contradicción dentro del Ejecutivo y una señal de postergación.

El Comité Pro Santa Cruz anunció que convocará a la institucionalidad regional para definir una agenda propia y exigió una hoja de ruta con plazos concretos. Camacho reiteró su pedido de destitución de la viceministra y advirtió que no participará en reuniones mientras continúe en el cargo.

En el plano legislativo, el expresidente Jorge Tuto Quiroga planteó aprobar hasta abril una ley que delimite competencias y recursos antes de la posesión de nuevas autoridades subnacionales.

Otros actores políticos pidieron precisiones sobre el origen de los recursos y el calendario de aplicación.

El Gobierno sostiene que la redistribución debe ir acompañada de reglas fiscales y fortalecimiento institucional. Sectores regionales, en cambio, demandan definiciones normativas y plazos verificables para la puesta en marcha del 50/50.

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