Cada 17 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En Chile, esta fecha no debería ser un recordatorio sino una oportunidad: la de preguntarse honestamente si en el último año algo cambió. Y si la respuesta es no, entender por qué.

Desde 2010, Chile atraviesa la megasequía más larga de la que se tenga registro, sin precedentes en mil años. Los ríos del centro del país perdieron más de la mitad de su caudal durante años consecutivos; la agricultura acumuló pérdidas de 150 millones de dólares anuales y 2,4 millones de personas en zonas rurales enfrentaron cortes crónicos de agua potable, obligando al Estado a gastar 250 millones de dólares en camiones aljibe.

Pero el impacto va mucho más allá de lo económico: la crisis profundizó las desigualdades, generó emigración rural y conflictos por el agua, con los costos recayendo desproporcionadamente sobre las comunidades más vulnerables. Lo que comenzó como un problema hidrológico se convirtió en una crisis multidimensional.

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