El Gobierno parte de un diagnóstico correcto: Chile enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad económica, territorial y operativa que hace una década. El Estado necesita herramientas eficaces para enfrentarlas.

La discusión, entonces, no es si debemos fortalecer al Estado. La pregunta es otra: qué debemos fortalecer y hasta dónde estamos dispuestos a ampliar el poder presidencial para hacerlo.

La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo propone crear un nuevo Estado de Excepción frente a amenazas graves a la seguridad pública, con facultades para restringir derechos fundamentales y una duración que podría extenderse durante meses. No es una modificación menor.

Antes de crear una nueva figura constitucional, el Gobierno debería responder algo básico: ¿qué facultad indispensable para combatir al crimen organizado no posee hoy el Estado y por qué las herramientas vigentes resultan insuficientes?

No basta con demostrar que existe una amenaza. También hay que demostrar que la solución propuesta es necesaria, proporcional y mejor que las alternativas disponibles.

Chile ya cuenta con estados de excepción, legislación especial contra el crimen organizado, herramientas investigativas sometidas a control judicial y mecanismos para perseguir el lavado de activos.

Por eso, antes de ampliar facultades, corresponde determinar si el déficit es efectivamente constitucional o si seguimos intentando resolver problemas de gestión, coordinación y capacidad estatal mediante nuevas normas.

La advertencia de la Macrozona Sur

Chile tiene experiencia suficiente para discutir la excepcionalidad sin abstracciones.

El Estado de Emergencia decretado en 2022 para La Araucanía y las provincias........

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