Estados Unidos decidió aplicar a Chile un arancel de 12,5% para una parte relevante de sus exportaciones. La medida afecta, entre otros sectores, al salmón, el vino, las frutas, las carnes, los lácteos, los mejillones, la madera y diversos productos elaborados. El cobre, el litio y otros bienes considerados estratégicos quedaron exceptuados. No estamos, por tanto, ante una catástrofe macroeconómica inmediata. Pero sí ante un acontecimiento políticamente significativo.

La decisión es un revés para Chile, pero es sobre todo una decepción para el Gobierno. Y no una decepción cualquiera. Es una decepción anunciada. Y por tanto bien vale una crónica (y el análisis que supone).

La dificultad no reside únicamente en el porcentaje del arancel ni en los millones de dólares que deberán pagar los exportadores. El problema central es que la medida desmiente una expectativa construida cuidadosamente: la idea de que la cercanía política e ideológica del gobierno chileno con Donald Trump permitiría obtener un trato favorable de Estados Unidos.

El resultado fue el contrario. Chile quedó situado en el grupo sometido al arancel más alto dentro de la escala establecida por Washington. La afinidad no produjo inmunidad. Las fotografías, las declaraciones de amistad y la identificación política no se tradujeron en una ventaja económica.

El aliado como principal dificultad

Hace algunos meses sostuve que la principal dificultad del gobierno de José Antonio Kast podía ser Donald Trump. La afirmación parecía paradójica. Kast llegaba al poder identificando a Estados Unidos como su principal aliado político internacional. Pero precisamente allí estaba el problema.

En el mundo de Trump, los aliados no son necesariamente protegidos. Son, con frecuencia, los primeros a quienes se les presentan exigencias. Un adversario puede ser combatido; un aliado subordinado debe demostrar constantemente su lealtad, aceptar condiciones y pagar los costos de una relación asimétrica.

Trump no concibe las alianzas como espacios de cooperación estable entre países que reconocen intereses comunes. Las entiende como relaciones en las que la potencia dominante determina cuánto debe aportar cada socio, qué debe modificar y qué precio tiene el acceso al mercado estadounidense.

Por eso señalé entonces que el Gobierno chileno podía no encontrar su principal problema en sus adversarios, sino en sus amigos demandantes.

La decisión arancelaria confirma esa tesis. Estados Unidos no preguntó si Chile era políticamente próximo, si su Gobierno simpatizaba con Trump o si compartía su visión sobre la seguridad, la migración o el orden internacional. Evaluó si Chile había adoptado una regulación específica exigida por Washington y, al concluir que no lo había hecho satisfactoriamente, aplicó el castigo correspondiente.

No hubo trato preferente. Hubo procedimiento, presión y sanción.

La crónica de los hechos es lapidaria

La secuencia de hechos comenzó políticamente antes de que Kast asumiera la Presidencia. El 7 de marzo de 2026, cuatro días antes del cambio de mando, el presidente electo viajó a Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas y sostuvo allí su primer encuentro presencial con Donald Trump.

Kast celebró públicamente la política exterior estadounidense, respaldó la intervención en Venezuela y presentó la proximidad con Washington como una señal del nuevo posicionamiento internacional de Chile. Trump, por su parte, recordó su supuesto apoyo electoral a Kast y lo exhibió como uno de los dirigentes favorecidos por su influencia (la clásica tesis trumpista de que él hizo ganar a un candidato que apenas conoce). La imagen que quedó instalada fue la de una relación privilegiada entre dos gobiernos políticamente afines.

Ese mismo mes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició investigaciones contra sesenta economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El procedimiento no buscaba determinar si los productos exportados por Chile habían sido fabricados mediante trabajo forzoso, sino establecer si el Estado chileno contaba con una prohibición suficientemente explícita y eficaz para impedir la importación, desde cualquier país, de bienes producidos bajo esas condiciones. Washington sostuvo que la ausencia de tales mecanismos permitía ventajas artificiales de costos que perjudicaban a trabajadores y empresas estadounidenses. Chile fue incluido desde el comienzo entre las economías investigadas y Estados Unidos abrió un proceso de consultas, recepción de antecedentes y audiencias públicas.

El 2 de junio, la autoridad estadounidense concluyó preliminarmente que las normas y prácticas de las sesenta economías eran insuficientes y propuso dos niveles de sobretasa: un 10% para los países que ya hubieran establecido una prohibición, asumieran compromisos verificables para hacerlo o dispusieran de un régimen parcial efectivo, y un 12,5% para los restantes.

Al día siguiente, el Gobierno chileno señaló que la decisión todavía estaba sometida a consulta y afirmó que había participado activamente en el proceso mediante un trabajo coordinado entre Cancillería, Hacienda, Trabajo y los principales sectores exportadores. Durante las semanas siguientes, Frutas de Chile, Vinos de Chile, SalmonChile, Corma, Chilealimentos, Sofofa y representantes diplomáticos prepararon presentaciones en Washington para defender la posición del país y solicitar exclusiones para productos considerados estratégicos. Las audiencias definitivas se realizaron entre el 7 y el 9 de julio, con más de cien testigos y más de 1.600 observaciones escritas.

El 23 de julio, después de esas consultas, antecedentes y gestiones, Trump instruyó la aplicación de la sobretasa y Chile quedó en el grupo sujeto al 12,5%, es decir, en el nivel más alto de la escala. No hubo trato preferente.

El cobre y otros productos estratégicos para el abastecimiento estadounidense fueron exceptuados (se definió exceptuar a los productos que Estados Unidos necesita), pero la medida alcanzó al salmón, las frutas, el vino y diversos productos forestales, entre otros bienes relevantes para las economías regionales. El Gobierno chileno rechazó la resolución, recordó la solidez de su legislación laboral y anunció que continuaría........

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