Durante estos días veremos una gran cantidad de tinta destinada a reconstruir las relaciones de Fernando Cerimedo con políticos, empresarios, asesores y campañas de distintos países. Es comprensible, y en parte es necesario. El cofundador de La Derecha Diario fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y desde el 21 se encuentra en prisión preventiva imputado como presunto autor intelectual de una tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller, con una segunda causa abierta por enriquecimiento ilícito.

A poco andar la historia del posible encargo de asesinato de Cerimedo sobre su pareja se bifurcó por las mismas declaraciones de ella, quien señaló que era probable que el ataque tuviera más que ver con asuntos políticos que con querellas familiares. De ahí en más vino una escalada proporcional a la cantidad de lugares donde había trabajado Cerimedo, siempre muy cerca de partidos y proyectos políticos que buscaban éxito electoral a partir de diversas fórmulas.

En el momento de su detención, Cerimedo estaba por viajar (o escapar) de Bolivia. En el último tiempo circulaba sin cargo formal por ministerios y actos oficiales del gobierno de Rodrigo Paz; había difundido en 2022 desinformación sobre las urnas electrónicas brasileñas; fue el único extranjero imputado por la Policía Federal en la investigación del intento de golpe bolsonarista, causa de la que la Fiscalía General de Brasil terminó eximiéndolo en febrero de 2025.

Pero nuestro tema, al menos hoy, no es Cerimedo.

Quizá, sin embargo, el asunto más interesante esté un poco más atrás. Cerimedo importa menos como personaje que como expresión de un mercado político que ha crecido enormemente durante los últimos años y que descansa sobre una convicción curiosa: prácticamente todo el mundo cree que mentir, deformar o manipular información en las redes sociales sirve para ganar elecciones.

Lo creen los que ganan y lo creen los que pierden. A uno les solaza el éxito de su inversión (y les atemoriza después la trazabilidad de sus actos), a otros les molesta la trampa o no tener el dinero para hacerlo (estos últimos también se solazan pensando que sin estas malas artes habrían ganado, cosechando así un triunfo moral).

La discusión ética aparece después. Quienes consideran estas prácticas inaceptables buscan detectarlas, denunciarlas e impedirlas. Quienes tienen una concepción más cínica de la política concluyen exactamente lo contrario: si funcionan, hay que utilizarlas antes de que las utilice el adversario. Los dos grupos parten, sin embargo, del mismo supuesto. Ambos creen en su eficacia.

Argumentaremos acá, con evidencia, que esa ruta no es tan potente como nos imaginamos. Y es que la supuesta potencia de estos recursos digitales está bastante menos demostrada de lo que parece.

La investigación disponible dice, con notable insistencia, tres cosas:

a) La primera es que la exposición a contenido falso es minúscula y está brutalmente concentrada. Grinberg y sus colegas mostraron en la revista Science (2019) que apenas el 0,1% de los usuarios de Twitter concentraba cerca del 80% de las publicaciones de noticias falsas durante la elección estadounidense de 2016, y que el 1% acumulaba el 80% de las exposiciones.

Guess, Nyhan y Reifler (Nature Human Behaviour, 2020) encontraron que los sitios no confiables representaban una fracción marginal de la dieta informativa y que esa fracción se concentraba en el segmento con el consumo más ideologizado. Allcott y Gentzkow (Journal of Economic Perspectives, 2017) calcularon que el estadounidense promedio recordaba haber visto poco más de una noticia falsa en toda la campaña, y que para haber alterado el resultado cada una de ellas habría necesitado la fuerza persuasiva de decenas de spots televisivos.

b) La segunda es que, incluso cuando la exposición existe y es medible, no aparece el........

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