La oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena. Busca destituirlo por 56 decretos fundados en una interpretación jurídica que ministros de la Corte Suprema también sostuvieron en al menos 276 fallos, con el mismo resultado: reducir las penas de personas condenadas por delitos sexuales. Si la razón jurídica es la misma, el criterio para exigir responsabilidades también debería serlo. Esa es la igualdad ante la ley en su máxima expresión.

Durante cuatro años, la izquierda toleró esas sentencias y no hizo nada por impedirlo. Ahora sostiene que la norma es clara. No lo es, y la propia historia de la Ley 21.421 lo demuestra. Gabriel Boric, entonces diputado, preguntó directamente al exministro de Justicia, Hernán Larraín, si se aplicaría a sentencias anteriores a su entrada en vigencia. Larraín respondió que regía in actum, es decir, que también se aplicaba a esas sentencias.

La duda no fue aislada, ya que, Matías Walker y Patricia Muñoz propusieron incorporar una norma transitoria para despejarla. Larraín insistió, en cada intervención, en que no era necesaria.........

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