El amanecer posterior a la derrota electoral y reconocida del posmadurismo no será de júbilo absoluto, sino de una profunda y severa gravedad. Tras décadas de un modelo político que desmanteló las instituciones, polarizó la sociedad y dejó a su paso severas denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el nuevo gobierno democrático enfrentará el dilema fundacional de toda transición: cómo aplicar la justicia sin dinamitar la paz social. Quienes ejercieron el poder de facto quedarán fuera de la estructura estatal; asimilar la pérdida del mando absoluto y adaptarse a las reglas de la civilidad democrática representará para ellos un choque cultural y político traumático. Frente a esto, la naciente democracia debe responder con la ventaja moral del Estado de derecho. El mayor desafío no consistirá en vencerlos en las urnas, sino en garantizarles las prerrogativas procesales y los derechos fundamentales que ellos sistemáticamente negaron a sus ciudadanos.

La experiencia histórica demuestra que las transiciones exitosas no apuestan por la venganza ciega ni por la impunidad absoluta, sino por fórmulas complejas........

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