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Análisis político crítico sobre el rol participativo y protagónico de la mujer latinoamericana, caribeña y venezolana

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04.11.2026

La brecha entre la norma y la vida

El papel activo y fundamental de la mujer en América Latina y el Caribe, y en particular en Venezuela, revela una contradicción profunda: aunque los marcos legales han avanzado hacia el reconocimiento formal de la igualdad y la paridad, la realidad de la participación política sigue atrapada en estructuras patriarcales, coloniales y de clase que limitan su ejercicio real. Venezuela es un claro ejemplo de esta paradoja. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 proclamó la igualdad plena y estableció un andamiaje institucional para las mujeres, pero la participación activa que se promueve desde el discurso oficial ha funcionado, en muchos casos, como una herramienta de movilización que no ha logrado transformar las dinámicas de poder ni aliviar las cargas de cuidado que recaen sobre las mujeres.

Por lo tanto, un análisis crítico debe ir más allá de los avances normativos y examinar las condiciones estructurales, las epistemologías coloniales y las prácticas políticas que moldean y limitan el protagonismo femenino en la región.

El marco normativo venezolano: logros formales y desafíos en su implementación

No se puede negar que el punto de partida legal es fundamental. Venezuela logró el derecho al voto femenino en 1947, un verdadero hito en la región. Sin embargo, fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 la que realmente estableció las bases para un modelo inclusivo, al consagrar en sus artículos 21 y 88 la igualdad entre hombres y mujeres, además de reconocer el trabajo del hogar como una actividad económica que aporta valor. A partir de ahí, se construyó una estructura institucional: la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la creación en 2009 del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007, reformada en 2014 y 2021), que incluyó la "violencia política" como una forma específica de agresión contra la participación de las mujeres.

En el ámbito electoral, la Resolución del CNE N°080721-658 de 2008 estableció la paridad y alternancia con un mínimo del 40% y un máximo del 60% por sexo, y para 2015 se lograron niveles de paridad en algunas instancias del Estado. Sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad sigue siendo un problema. La propia Constitución de 1999 contempló medidas de acción positiva, pero la falta de regulaciones efectivas sobre paridad ha mantenido a las mujeres en un estado de baja visibilidad en el Poder Legislativo. Aunque existe un "sólido marco regulatorio", esto no ha garantizado que las mujeres puedan ejercer el poder en condiciones de igualdad real. El reconocimiento legal de la violencia política, aunque es un avance, pone de manifiesto que la participación femenina sigue siendo un campo en disputa y, a menudo, hostil.

La "participación protagónica" bajo la lupa: maternalismo, instrumentalización y dobles cargas

El discurso oficial en Venezuela ha puesto en un........

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