10.275,70 bolívares. Esa fue la factura de CANTV que recibí este mes. Una cifra que, escrita sobre un papel, puede parecer solamente otro monto por pagar, pero que adquiere una dimensión distinta cuando se coloca frente a la realidad económica de millones de venezolanos.

Con un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, esa factura equivale a 79 meses de salario mínimo, más de seis años y medio de ese ingreso.

Y cuando hablamos de un pensionado, de una persona de la tercera edad o de cualquier venezolano que vive con ingresos mínimos, ya no estamos hablando simplemente de una factura de telecomunicaciones: estamos hablando de una carga económica desproporcionada frente a la capacidad real de quien debe pagarla. Pero el monto no es, en mi caso, lo más indignante. Lo verdaderamente preocupante es qué estoy pagando y qué recibo a cambio. Pago un Aba Ultra que, según mi experiencia, funciona de manera deficiente y me obliga a reiniciar el equipo ocho, diez o hasta doce veces durante el día para intentar mantener una conexión utilizable.

Pago además un teléfono que permanece sin tono y que, cuando finalmente recupera la línea, no necesariamente permite realizar llamadas. Y ahora aparece en la factura un servicio de televisión satelital que nunca solicité, nunca contraté y nunca disfruté. No estoy afirmando que CANTV haya cometido deliberadamente un delito. Estoy denunciando algo concreto: en mi factura aparece un servicio que yo no solicité ni contraté. Corresponde a la empresa explicar cómo llegó ese cargo hasta allí, cuál es el soporte contractual que lo sustenta y por qué se me está cobrando un servicio que, según mi experiencia, jamás recibí.

Eso debería ser lo normal en una relación entre una empresa y sus usuarios: que cada cargo pueda ser explicado, que cada servicio facturado tenga un respaldo y que cualquier error pueda ser corregido sin convertir al ciudadano en rehén de la burocracia. Porque el problema comienza cuando el usuario deja de sentir que está pagando por un servicio y........

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